El juez federal Luis Armella les ofreció a cuatro imputados acogerse al régimen de imputado colaborador. En sus declaraciones reconocieron órdenes para modificar pruebas.

La investigación judicial sobre la financiera Sur Finanzas sumó en las últimas horas un capítulo clave. En el marco de la causa que instruye el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, los cuatro imputados detenidos declararon ante la Justicia y admitieron haber recibido directivas internas destinadas a eliminar información y entorpecer los allanamientos realizados a fines de 2025.

El expediente analiza presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la firma que tiene como principal referente al empresario Ariel Vallejo, cuya actividad fue conectada por los investigadores con el mundo del fútbol argentino.

Tras las indagatorias, el magistrado les comunicó a los acusados la posibilidad de acogerse a la figura del “imputado colaborador”, prevista por ley para quienes aporten datos verificables que permitan avanzar sobre responsables de mayor jerarquía.

Fuentes judiciales confirmaron que ninguno rechazó de inmediato la propuesta y que todos señalaron que evaluarán la opción junto a sus abogados defensores.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas.

Entre los imputados se encuentran un técnico informático, un responsable de cumplimiento, la secretaria privada del empresario y un jefe de seguridad. Para los investigadores, integraban un engranaje interno que reaccionó ante la inminencia de los operativos policiales.

Durante las audiencias se exhibieron chats incorporados al expediente. En uno de ellos, enviado horas antes de los allanamientos, se ordenaba trabajar de manera remota y “borrar las planillas”. En otro intercambio, se solicitaba ingresar a computadoras y desconectar programas instalados en equipos utilizados para operaciones financieras.

Uno de los acusados reconoció conversaciones posteriores al procedimiento en las que afirmaba haber ocultado dispositivos electrónicos y entregar otros “que no tenían nada”. También se detectaron instrucciones para retirar equipos informáticos y limpiar computadoras.

El técnico informático, en su declaración, explicó que las tareas podían consistir en eliminar archivos o restaurar sistemas para que “la máquina ande mejor”, aunque aseguró no recordar si concretó todas las acciones pedidas. La Justicia intenta determinar si esas conductas tuvieron como finalidad destruir evidencia clave.

Ocultamiento de bienes y movimientos internos

La investigación también incluye supuestas maniobras para retirar dinero de sucursales y dejar solo pequeñas sumas en las cajas antes de los procedimientos. Según consta en la causa, se habrían impartido directivas para frenar operaciones, borrar registros de cámaras de seguridad y trasladar vehículos vinculados a la operatoria.

En los allanamientos, realizados en domicilios particulares y oficinas, se secuestraron computadoras, discos rígidos, teléfonos celulares, documentación contable, tarjetas bancarias y dinero en distintas monedas. Los peritos trabajan ahora en el análisis forense de esos dispositivos.

El juez sostuvo en la resolución que el rol de los imputados habría sido relevante para el encubrimiento, y advirtió sobre el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Por ese motivo todos continúan detenidos.

Allanamiento a Sur Finanzas. Fuente: Policía Federal Argentina.

El régimen de imputado colaborador permite reducir penas a cambio de información precisa que ayude a identificar a los responsables principales de una organización. En este caso, la fiscalía busca reconstruir la estructura operativa de la financiera y su eventual conexión con operaciones de cambio y movimientos de dinero no declarados.

La causa se inició tras una denuncia impositiva por una evasión millonaria y avanzó con 14 allanamientos simultáneos. A medida que se analizan los chats y la documentación incautada, los investigadores intentan determinar quién impartía las órdenes y cómo funcionaba la operatoria interna.

Mientras tanto, la situación judicial del empresario investigado continúa bajo análisis. La eventual decisión de los detenidos de colaborar podría convertirse en un elemento determinante para la próxima etapa del expediente.