La central obrera resolvió una huelga nacional sin movilización y contará con la adhesión del transporte.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza será de 24 horas y se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

La decisión fue adoptada durante una reunión virtual del Consejo Directivo de la central sindical, convocada de urgencia ante la posibilidad de que el oficialismo lleve el debate al recinto en los próximos días. Se tratará del cuarto paro nacional desde el inicio de la gestión libertaria y marcará una nueva escalada en la relación entre la Casa Rosada y el sindicalismo.

El triunvirato cegetista también resolvió que no habrá movilización al Congreso, a diferencia de otras protestas recientes. La estrategia será paralizar la actividad económica a través de la adhesión del transporte y de los principales gremios del país, lo que anticipa un impacto significativo en todo el territorio nacional.

Uno de los puntos que despejaba dudas era la postura de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que no integra actualmente la conducción de la CGT y en ocasiones anteriores se había mantenido al margen de las huelgas generales. Sin embargo, tras contactos entre dirigentes sindicales, el gremio confirmó su acompañamiento.

“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, anticiparon desde el sindicato que lidera Roberto Fernández.

La participación de los colectiveros se suma a la adhesión de los ferroviarios, los maquinistas, los gremios aeronáuticos, marítimos y portuarios, además de camioneros, lo que garantiza un freno casi total al transporte público y de cargas.

Roberto Fernández, titular de la UTA.

Dentro de la central obrera la postura inicial era mantener una estrategia más moderada para intentar introducir cambios en el proyecto, pero la presión interna de distintos sindicatos y la controversia generada por el régimen de licencias médicas aceleraron la decisión.

El artículo 44 aprobado en el Senado modifica el sistema actual y prevé que los trabajadores que no puedan cumplir tareas por enfermedad o accidente no laboral cobren el 50% del salario, o el 75% si la situación no deriva de una conducta voluntaria ni de un riesgo conocido.

“Este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron”, sostuvo un dirigente dialoguista de la CGT.

En paralelo, el triunvirato sindical asistirá esta semana a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, donde comenzará el análisis del proyecto. La central busca exponer sus objeciones formales antes del tratamiento en el recinto.

El rechazo sindical no se limita al esquema de licencias. La central gremial también cuestiona las modificaciones sobre indemnizaciones, el banco de horas, las restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales y las limitaciones a las asambleas gremiales. Incluso, la organización ya analiza una estrategia judicial si la norma es sancionada.

En el Gobierno reconocen que el punto de las licencias generó controversia y evalúan alternativas reglamentarias para evitar que la discusión complique la aprobación definitiva. Mientras tanto, el clima político y gremial vuelve a tensarse y anticipa semanas de alta conflictividad laboral en medio del debate legislativo.