La defensa del dueño de TourPrdEnter, la empresa encargada de recaudar el dinero de amistosos y contratos de imagen y esponsoreo en el exterior, se escudó en que el caso debería juzgarse en el ámbito comercial y no penal.

La defensa del empresario Javier Faroni intentó apartar como querellante a Guillermo Tofoni en la causa que investiga a su empresa TourProdEnter, responsable de la recaudación surgida de amistosos y contratos de imagen y esponsoreo de la Selección Argentina en el exterior, por presunto desvío de dinero.

Tofoni había revelado que TourProdEnter manejó una suma de USD 300 millones en relación a distintos contratos internacionales con otras empresas. Y se investiga el presunto desvío de USD 50 millones que pasaron por un proceso en el cual la firma transfirió este monto de dinero a empresas que, por sus características, reunían los requerimientos necesarios para ser fantasma o una pantalla: están a cargo de personas físicas que facturan y no tienen solvencia financiera, y no declaran actividades ni empleados.

En ese marco, la defensa de Javier Faroni y Gabriela E. Gilette, presentó un escrito solicitando que se rechace al empresario denunciante como querellante. La justificación central es que este no cumple la condición de “particular ofendido”, exigida por el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación.

A su vez, los abogados de los empresarios vinculados al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, argumentaron que el denunciante busca que la Justicia le sirva como una agencia privada de investigación sin costo, ya que, según esta posición, se valdría de reunir datos para mejorar su posición en los negocios en cuanto a pretensiones contractuales o comerciales.

La defensa también planteó que el caso debería someterse al escrutinio de la Justicia pero en el ámbito comercial y no penal, ya que, según esta, debería analizarse como un eventual incumplimiento de contratos.

Si Tofoni resultara excluido del caso, no podría impulsar medidas de prueba, acceder de forma plena al expediente ni recurrir decisiones con el peso procesal de una parte en la disputa judicial, con lo cual la investigación perdería vuelo, algo que favorece la posición del principal imputado.

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