Al menos 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra tras presentar certificados presuntamente falsos, en el marco de una investigación que derivó en allanamientos en cuatro localidades de Salta y la detención de dos mujeres acusadas de integrar una organización dedicada a vender diplomaturas y postítulos apócrifos para sumar puntaje docente.

La causa es investigada por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y permitió determinar que la maniobra tenía alcance en el norte y sur de la provincia, con ramificaciones en San Carlos de Bariloche. Los procedimientos se realizaron en Coronel Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación, donde se secuestró documentación relevante.

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«Los docentes eran captados a través de Facebook» 

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La investigación comenzó el 17 de diciembre de 2025 tras la denuncia del secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, quien informó que una auditoría del Ministerio de Educación detectó una presunta maniobra masiva de incorporación de certificados falsos. De 292 unidades educativas auditadas, se hallaron 291 inscripciones con certificados sospechosos, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados.

Según los investigadores, los docentes eran captados a través de Facebook mediante perfiles como “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”, donde se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje, supuestamente avalados por instituciones reales como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro. Tras pagar entre $95.000 y $360.000, recibían certificados en PDF con firmas y sellos escaneados.

El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en las bases oficiales, con duplicaciones, numeraciones inexistentes y registros repetidos. Solo cinco coincidían con datos válidos.

La organización

A partir de pericias informáticas, bancarias y el análisis de comunicaciones, se identificó a tres personas clave en la organización: una docente y preceptora de Joaquín V. González que captaba interesados en el sur provincial, otra mujer de Embarcación que operaba como soporte técnico en el norte, y un hombre radicado en San Carlos de Bariloche señalado como administrador digital y destinatario de parte del dinero.

En chats incorporados a la causa, varios docentes reconocieron que no cursaban ni rendían evaluaciones, sino que compraban directamente el puntaje.