En el Ejecutivo aseguran que “agotarán todas las instancias” previstas por la ley para sostener la medida de fiscalización. Una opción que se baraja es la solicitud de orden judicial para ingresar con fuerza pública.

Tras la negativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de recibir a los veedores solicitados por la Inspección General de Justicia (IGJ), el Gobierno decidió seguir insistiendo por la vía administrativa y judicial. En el Ejecutivo aseguran que “agotarán todas las instancias” previstas por la ley para sostener la medida de fiscalización.

Las opciones abarcan desde una intimación formal del organismo de control para que la entidad permita el ingreso y entregue la documentación requerida. Lo mismo aplica para multas por incumplimiento y una eventual solicitud de orden judicial para ingresar con fuerza pública. “Vamos a entrar de la forma que sea”, expresan en Nación.

El Ministerio de Justicia ya aceptó la solicitud de la IGJ y tiene previsto designar a los veedores en el corto plazo. Según pudo saber TN, serán dos abogados y un contador, que mantienen en estricta reserva para evitar modificaciones. No descartan además sumar una nueva denuncia si no les permiten el ingreso.

La veeduría fue solicitada en el marco de las investigaciones sobre los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, la auditoría del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y la revisión de relaciones comerciales y financieras vinculadas a la comercialización de derechos.

En el Gobierno mantienen la postura de que no constituye una intervención ni implica el desplazamiento de autoridades y argumentan que se trata de una medida de verificación administrativa contemplada en la Ley 22.315. Remarcan también que la IGJ ya otorgó plazos previos para la entrega de información que, según el organismo, fue presentada de manera parcial.

El Ejecutivo sostiene que la AFA se negó a entregar “la documentación requerida, a pesar de que la IGJ le otorgó todos los plazos legales para regularizar su situación”. Precisó además que los veedores “obtendrán y verificarán la información que no fue presentada” y que buscarán reconstruir el flujo de fondos.

Si la negativa persiste tras la intimación, el Ejecutivo puede aplicar sanciones administrativas por incumplimiento del deber de colaboración y dejar asentada la “obstrucción al control estatal”. Ese antecedente puede habilitar luego la vía judicial para solicitar una orden que obligue al ingreso de los veedores.

En Balcarce 50 insisten en que el procedimiento seguirá el curso administrativo y, de ser necesario, judicial. La conducción de la AFA anticipó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y eventualmente a la Corte Suprema para impugnar la medida. En Balcarce 50 descartan retroceder y sostienen que el conflicto deberá resolverse en sede judicial si no hay avances.