De esa forma, se ratificó que la láctea será coadministrada por el aparato judicial de la provincia en cuestión. Por estos días, SanCor acumula una deuda laboral del orden de los 20.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, la firma suma más de 300 pedidos de quiebra en su contra.

Un aspecto que dio lugar a la ratificación aplicada estuvo, según fuentes judiciales, en que la cúpula de la lechera dio señales de no querer colaborar con la investigación llevada a cabo por los tribunales.

Recientemente, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, dos expresidentes de la lechera, fueron procesados por la presunta apropiación indebida de al menos $1.600 millones que, señala la Justicia, debieron destinarse al pago de los aportes de los operarios de la firma.

La medida en cuestión, establecida por Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Rafaela, incluyó un embargo por $90 millones aplicado a ambos exejecutivos. También se rechazó la posibilidad de que Gastaldi y Sánchez obtengan una suspensión del juicio fijado por el mismo Cuello Murúa.

A principios de noviembre de 2025, la directiva de la empresa presentó ante la Justicia un plan de crisis que propone, a modo de aspecto sobresaliente, el recorte de 304 empleos como medida concreta para mejorar el presente financiero de la lechera.

En los últimos dos años SanCor implementó 370 despidos aunque, más allá del tenor de la medida, la láctea no logró reducir su rojo operativo y financiero.