En total son diez los iraníes y libaneses acusados por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994.

El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, solicitó este miércoles el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994.

Entre las medidas, destaca la imputación y pedido de captura internacional de Alí Asghar Hejazi, considerado la mano derecha del fallecido líder supremo Alí Khamenei. Según la fiscalía, Hejazi presidía el Comité Vijeh, organismo estatal donde se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la sede de la AMIA, asumiendo luego la “implementación y coordinación general” para ejecutar el plan criminal.

La solicitud del Ministerio Público, que ya se encuentra en el despacho del juez Daniel Rafecas, se sustenta en pruebas recientes, incluyendo declaraciones de cuatro iraníes disidentes que testificaron en Francia.

Los otros diez acusados para quienes se pidió el procesamiento son los mismos sobre los que ya rige el juicio en ausencia y poseen alertas rojas de Interpol desde 2006. Entre ellos figuran Alí Fallahian (exministro de Inteligencia), Alí Akbar Velayati (excanciller) y Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds y recientemente fue designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria.

La investigación señala que estos altos funcionarios integraron el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, entidad que autorizó el ataque en una reunión reservada en agosto de 1993.

Asimismo, el dictamen involucra a exdiplomáticos en Buenos Aires, como el embajador Hadi Soleimanpour y el consejero cultural Mohsen Rabbani, quienes habrían conformado “una red de espionaje encubierta bajo fachadas oficiales”. Según el fiscal, esta red fue vital para compilar datos sobre el blanco y brindar apoyo logístico aprovechando su inmunidad diplomática para no despertar sospechas.

Finalmente, la lista de acusados se completa con miembros de la organización libanesa Hezbollah, liderados por Salman Raouf Salman, quien dirigió las acciones finales en Argentina. Salman habría ingresado clandestinamente al país para organizar el alojamiento y la huida del escuadrón ejecutor con la colaboración de su hermano, Abdallah Salman, encargado de financiar los actos ilícitos.

También se imputó a Hussein Mounir Mouzannar, acusado de entregar certificados laborales apócrifos para que el jefe operativo obtuviera una ciudadanía ficticia y facilitara sus movimientos.