Otro eje del caso que involucra al funcionario lo constituye la subcontratación que hizo la Universidad de San Martín para que una empresa privada provea los servicios de fotomultas que la casa de estudios debía prestar.

El ex ministro de Transporte del Gobierno de Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio, sigue bajo la lupa de la Justicia al estar procesado por presunto lavado de dinero con el sistema de fotomultas y la VTV, en una causa que generó numerosas denuncias y se convirtieron en al menos tres expedientes judiciales.

Uno se estos casos pone el foco en unos 11 municipios que estarían implicados en el presunto desvío de 1900 millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso.

Algunos de los municipios que firmaron convenios con la casa de estudios del conurbano son La Matanza, Roque Pérez, Olavarría y General San Martín. Además de la Universidad de San Martín, otras entidades comprometidas son la Fundación de esta misma universidad y la empresa Tránsito Seguro, del empresario Leandro Camani.

Un funcionario del Gobierno de Kicillof, el director de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa de la Política y Seguridad Vial de Buenos Aires, Pablo Sanguinetti, confirmó ante la Justicia la existencia de dichos convenios para administrar el sistema de cobro de multas, la prestación de servicios por parte de Tránsito Seguro y la distribución de fondos sobre los ingresos por multas entre la provincia de Buenos Aires, los municipios, la universidad y la firma de Camani.

La normativa establece que la repartición del dinero extraído a partir de las multas, el 20% corresponde a la provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios, que deben contratar a las empresas privadas prestatarias del servicio de cámaras.

Subcontratación prohibida

En ese marco la Justicia investiga si estos 11 municipios desviaban la plata de la foto multa a la Universidad de San Martín para que luego esta pague a las proveedoras del servicio. Bajo este esquema, tan solo en 2024 se habrían desviado 1900 millones de pesos.

En las actas se constató que la empresa Tránsito Seguro SA ejecutó tareas operativas que habrían correspondido a la Universidad de San Martín. Sin embargo, la casa de estudios superiores las delegó a su fundación, y esta a la empresa en cuestión. Esta subcontratación de habría dado con la conformidad de los gobiernos locales implicados.

La denuncia apunta a que, según el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, “en las contrataciones directas entre organismos del Estado, está expresamente prohibida la subcontratación del objeto de contrato en servicios de seguridad, logística o salud”.