El expresidente de Racing declaró ante el juez Diego Amarante en el marco de la investigación por la presunta retención indebida de $19.300 millones en impuestos y aportes previsionales. Esta semana también deberán presentarse Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por más de 19.300 millones de pesos sumó este lunes una nueva audiencia clave. El expresidente de Racing y ex secretario general de la entidad, Víctor Blanco, se presentó ante la Justicia, entregó un escrito con su descargo y optó por no responder preguntas.

La causa se tramita en el fuero Penal Económico y está a cargo del juez Diego Amarante, quien investiga a varios dirigentes del fútbol argentino por el presunto delito de retención indebida de aportes, una figura penal que contempla penas de entre dos y seis años de prisión.

El exdirigente llegó a los tribunales del edificio ubicado en la avenida de los Inmigrantes poco después de las 10 de la mañana. Al ingresar, tuvo un breve contacto con los medios y anticipó: “Voy a declarar”. Sin embargo, durante la audiencia decidió presentar un documento escrito como defensa y evitar responder las preguntas del magistrado y de la fiscalía.

En ese escrito, Blanco sostuvo que no tenía responsabilidad directa en las operaciones financieras investigadas. Según su planteo, su rol dentro de la estructura de la AFA era principalmente institucional. Allí argumentó que él no tenía la función de retener aportes y que su participación era “un rol protocolar”, por lo que no intervenía en el manejo de fondos ni en las obligaciones de pago de la entidad.

Blanco también fue consultado por la prensa sobre el paro del fútbol dispuesto durante la novena fecha del torneo en medio del escándalo judicial. Ante esa pregunta, respondió de manera breve: “Ya no soy dirigente”.

Continúan las indagatorias a dirigentes del fútbol argentino

Las indagatorias comenzaron el viernes pasado con la presentación del gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, quien también presentó un escrito con su descargo y decidió no responder preguntas durante su declaración ante el juez.

Este lunes, además, estaba prevista la indagatoria de Cristian Malaspina, actual presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA.

La mayor expectativa del proceso judicial, sin embargo, está puesta en las próximas audiencias en las que deberán presentarse Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y el tesorero Pablo Toviggino.

Ambas declaraciones estaban originalmente programadas para la semana pasada, pero debieron reprogramarse luego de que los dirigentes cambiaran de abogados defensores.

Toviggino había solicitado que su indagatoria se realizara por videoconferencia para evitar, según argumentó, “una innecesaria exposición” en los tribunales. Sin embargo, ese pedido fue rechazado tanto por el juez Amarante como por la Cámara en lo Penal Económico.

En su resolución, el tribunal sostuvo: “Que, como regla general de la que no corresponde aparatarse, la declaración indagatoria de un imputado debe tener lugar en la sede del tribunal que lo cita para el referido acto procesal”.

La denuncia por más de $19 mil millones

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según la acusación, la AFA no habría abonado en término impuestos y aportes previsionales correspondientes a distintos períodos comprendidos entre marzo de 2024 y septiembre del año pasado.

Entre los tributos que se encuentran bajo análisis figuran el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales.

Durante la investigación, el juez también solicitó información bancaria para determinar si la entidad contaba con fondos suficientes para cumplir con esas obligaciones. En ese marco, el banco Credicoop informó que la asociación tenía cuentas con ocho mil millones de pesos y depósitos a plazo fijo en dólares por aproximadamente cinco millones durante los períodos investigados.

Desde la dirigencia de la AFA reconocieron que hubo retrasos en los pagos, pero sostienen que la situación ya fue regularizada. Según explicaron, una parte de la deuda ya fue cancelada y el resto se encuentra incluido dentro de un plan de pagos vigente.

Las defensas, además, plantearon que la denuncia tiene un trasfondo político y sostienen que no existe delito. Argumentan que existen resoluciones vigentes de ARCA y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales contra asociaciones civiles durante este período.

Ese planteo fue rechazado por el juez Amarante, aunque la decisión fue apelada y ahora deberá ser revisada por la Cámara en lo Penal Económico.

Una vez que finalicen todas las indagatorias, el magistrado tendrá un plazo de diez días para definir la situación procesal de los dirigentes investigados. Entre las opciones se encuentran el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito.