El tribunal rechazó el intento de la diputada y su pareja de formar parte de la causa. La investigación gira en torno a grabaciones que destaparon presuntas maniobras irregulares.

La diputada nacional Marcela Pagano y su pareja, el abogado Franco Bindi, sufrieron un nuevo revés judicial en el marco de la causa que investiga la filtración de audios vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario con el que ambos buscaban ser aceptados como imputados y, de ese modo, acceder al expediente.

La decisión fue tomada por la Sala III del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, quienes ratificaron lo resuelto en instancias anteriores. De esta manera, se mantiene la negativa a que la dupla pueda intervenir formalmente en la causa.

El planteo de Pagano y Bindi tenía un objetivo claro: ser incorporados como imputados para poder contar con defensa técnica y conocer el contenido del expediente. Sin embargo, la Justicia entendió que no existen elementos suficientes para otorgarles ese rol dentro de la investigación.

El caso tiene su origen en la filtración de una serie de audios atribuidos al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, en los que se aludiría al pago de coimas en el marco de compras de medicamentos para personas con discapacidad, presuntamente con sobreprecios y bajo esquemas cartelizados.

En esas grabaciones, además, se mencionaría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en relación a supuestos retornos vinculados a los pagos. La difusión de ese material generó un fuerte impacto político y derivó en la apertura de una investigación judicial.

Tras el estallido del escándalo, desde el oficialismo surgieron sospechas sobre el posible rol de Pagano y Bindi en la obtención y difusión de los audios. En ese contexto, ambos decidieron presentarse ante la Justicia para ser incorporados como imputados, con el argumento de poder ejercer su defensa y acceder a la información del expediente.

No obstante, ese pedido fue rechazado en primera instancia, luego por la Cámara Federal y finalmente por Casación, que ahora dejó firme la decisión de mantenerlos por fuera del proceso.

La causa se inició formalmente el 1 de septiembre de 2025 a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad, en la que se advertía sobre la existencia de grabaciones ilegales realizadas en ámbitos sensibles del poder político, como la Secretaría General de la Presidencia y el Congreso de la Nación.

La investigación, que está en manos del fiscal Carlos Stornelli, apunta a determinar si hubo tareas de inteligencia ilegal, manipulación de audios y una estrategia para influir en la opinión pública. Entre las hipótesis que se analizan figura la posibilidad de que las filtraciones hayan tenido como objetivo generar inestabilidad política y afectar el escenario electoral.

Según la denuncia, las maniobras podrían encuadrarse en una violación a la Ley de Inteligencia Nacional, en un contexto en el que se habrían difundido de manera sistemática grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo.