La decisión del juez federal Ariel Lijo busca determinar si existe un vínculo entre la compañía IMHOUSE S.A., propiedad del periodista de la TV Pública Marcelo Grandio, y el jefe de Gabinete.

El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre la empresa IMHOUSE S.A., propiedad del periodista Marcelo Grandio, con el objetivo de descifrar si existe un vínculo con Manuel Adorni.

La Justicia busca determinar si la firma tenía la capacidad financiera para costear el traslado del jefe de Gabinete a Punta del Este, cuyo vuelo de ida habría costado USD 4.830, mientras que el paquete que incluía el regreso asciende a más de USD 42.000. La investigación hace foco en la posibilidad de que existan contratos firmados entre la productora y la Televisión Pública, área que depende de la propia órbita del funcionario.

En paralelo, el magistrado solicitó al Gobierno que informe si el viaje tuvo carácter oficial o si existió algún tipo de autorización administrativa. El requerimiento se dirigió especialmente a la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, para obtener detalles sobre expedientes, comisiones de servicio, viáticos o rendiciones de gastos.

El juez busca establecer si hubo algún tipo de respaldo institucional o si, por el contrario, existió una incompatibilidad en el financiamiento por parte de privados vinculados al Estado.

Las medidas judiciales también alcanzaron a un piloto corporativo que figura como comprador del paquete de vuelos privados y a otras personas vinculadas a la operatoria. Lijo solicitó informes detallados sobre la situación patrimonial, financiera y comercial de las firmas involucradas para reconstruir el circuito del dinero y establecer quién financió efectivamente el viaje.

El levantamiento del secreto fiscal permitirá a la Justicia acceder a los movimientos bancarios y determinar el origen de los fondos utilizados para el traslado y la estadía del funcionario durante el fin de semana largo de febrero.