La Cámara Federal comenzó a analizar los planteos de las defensas, que buscan revisar las decisiones tomadas en primera instancia y avanzar con nuevas medidas de prueba.

Las defensas de los 19 imputados en la causa ANDIS avanzaron ante la Cámara Federal porteña con una estrategia centrada en dos ejes: revertir los procesamientos dictados en primera instancia y solicitar peritajes sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

El tribunal de la Sala II, integrado por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, comenzó a escuchar los argumentos en audiencias donde también se reiteró un planteo de nulidad vinculado al origen de las grabaciones.

En diciembre, la Cámara había ordenado investigar el “origen y la veracidad” de esos audios. Sin embargo, el juez Sebastián Casanello entendió que esa tarea ya estaba siendo llevada adelante por el fiscal Carlos Stornelli en una causa paralela vinculada a un presunto espionaje ilegal.

Esa decisión no conformó a las defensas, que insisten en la necesidad de realizar peritajes técnicos específicos —acústicos e informáticos— para determinar la autenticidad del material. Por eso, solicitaron que el nuevo juez del caso, Ariel Lijo, avance con esas medidas.

Desde la Cámara dejaron entrever cuestionamientos a cómo se ejecutó su instrucción anterior. “No se cumplió con ello”, señalaron los jueces al referirse a la investigación ordenada previamente.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el análisis sobre los audios ya está en curso en otro expediente, por lo que no sería necesario duplicar esas medidas en esta causa.

En este contexto, uno de los puntos centrales del debate es el valor que podrían tener esas grabaciones dentro del expediente. Las defensas sostienen que, de confirmarse irregularidades en su obtención, podría verse afectado el desarrollo de la investigación.

El juez, Ariel Lijo.

En lo inmediato, el foco también está puesto en la situación de algunos de los imputados, especialmente aquellos que permanecen detenidos o con medidas restrictivas. Entre ellos, Miguel Ángel Calvete —señalado como uno de los principales articuladores del esquema investigado— continúa bajo prisión preventiva mientras espera una definición sobre su pedido de arresto domiciliario.

A la par, las defensas buscan instalar que no existen elementos suficientes para sostener la figura de asociación ilícita, uno de los puntos más sensibles del expediente. En ese sentido, apuntan a desarmar la hipótesis de una estructura organizada dentro del organismo y a que las responsabilidades, en todo caso, sean analizadas de manera individual.

Del otro lado, la fiscalía sostiene que hay pruebas que permiten reconstruir un circuito de decisiones y movimientos de fondos que no respondían a criterios administrativos habituales. Esa diferencia de interpretación será clave en la resolución de la Cámara, que deberá definir no solo si confirma los procesamientos, sino también con qué alcance lo hace.

Con este escenario, las próximas semanas serán determinantes: el tribunal no solo evaluará los planteos técnicos sobre los audios, sino también el núcleo de la acusación que dio origen a la causa y que ahora entra en una etapa decisiva.