El gobierno de Javier Milei mantiene bajo revisión un paquete de reformas clave que incluye cambios en el Código Penal y modificaciones vinculadas a la propiedad privada. Las iniciativas, que forman parte de la agenda estructural del oficialismo, aún no tienen fecha definida de envío al Congreso y continúan siendo analizadas en distintas áreas del Ejecutivo.

Según fuentes oficiales, los cambios en materia penal siguen en evaluación dentro del Ministerio de Justicia, mientras que los proyectos relacionados con propiedad privada permanecen en manos de los equipos legales del Gobierno. “Todavía falta para que estén terminadas”, reconocen en la Casa Rosada, donde admiten que los textos aún no alcanzaron una versión definitiva.

En paralelo, el oficialismo se prepara para una nueva reunión de la mesa política, que buscará ordenar la estrategia parlamentaria de cara a las próximas semanas. Si bien el encuentro está previsto para los próximos días, todavía no hay una fecha confirmada. “Falta cerrar definiciones de estrategia legislativa”, señalan desde Balcarce 50.

Uno de los puntos que genera debate interno es el recorrido que tendrán los proyectos dentro del Congreso. En un principio, se había acordado de que la reforma del Código Penal ingresara por el Senado, pero en sectores del oficialismo comenzaron a surgir cuestionamientos a esa hoja de ruta. Las tensiones también involucran a distintas áreas del Gobierno en torno al control político del proceso.

En lo que respecta a la reforma sobre propiedad privada, el Ejecutivo trabaja en un conjunto de modificaciones orientadas a reducir la intervención estatal y fortalecer las garantías para los inversores. Entre los cambios en estudio se incluyen ajustes en la ley de expropiaciones, con el objetivo de acotar la definición de utilidad pública, así como una revisión de la normativa sobre tierras rurales para flexibilizar restricciones a la compra por parte de extranjeros.

El paquete también contempla modificaciones en el régimen de manejo del fuego, con la intención de habilitar cambios en el uso del suelo en zonas afectadas por incendios, y una revisión del esquema de integración socio-urbana de barrios populares, con foco en limitar herramientas expropiatorias.

Mientras tanto, el Gobierno decidió priorizar otros frentes legislativos antes de avanzar con este paquete. Entre ellos, se destaca la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado y actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados. Este expediente es considerado uno de los más sensibles debido a su impacto económico y ambiental.

La Cámara baja ya convocó a audiencias públicas para debatir el proyecto, en un contexto de alta participación de distintos sectores. En el oficialismo consideran que este tema debe resolverse antes de abrir múltiples frentes legislativos en simultáneo, por lo que optaron por una estrategia escalonada.

En ese marco, también permanecen sin definición otros proyectos relevantes, como las reformas a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. Desde el Gobierno admiten, en diálogo con TN, que no existe aún una planificación cerrada sobre su tratamiento, ni tampoco sobre los tiempos para avanzar en compromisos asumidos a nivel internacional.

Con este escenario, el Ejecutivo busca reordenar su agenda legislativa mientras avanza en la redacción final de iniciativas clave. La falta de definiciones refleja tanto la complejidad técnica de los proyectos como las tensiones políticas internas sobre el mejor camino para impulsar las reformas en el Congreso.