Con esta medida el Ejecutivo acelera los plazos para la transferencia total de la firma, movimiento con el que espera recaudar USD 30 millones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que este viernes se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa estatal de asistencia en tierra a aeronaves.
Según informó el funcionario a través de sus redes sociales, la medida representa “un paso más en el proceso de transformación del sector aerocomercial”, que ya incluyó la desregulación del mercado y la incorporación de nuevos prestadores.
El objetivo de la administración es desprenderse de una compañía que entre 2020 y 2023 requirió $6.700 millones en aportes estatales para su funcionamiento, buscando ahora sumar divisas y fomentar la eficiencia mediante la inversión privada.
La modalidad de venta establecida por el Ejecutivo nacional contempla la transferencia total de la firma mientras se encuentra operativa, lo que implica la “desvinculación completa del Estado Nacional como accionista”.
De esta manera, Intercargo continuará funcionando como operadora privada, conservando sus contratos, licencias y presencia en los aeropuertos donde actualmente presta servicios. Con esta decisión, Caputo reafirmó que la intención oficial es que el Estado se concentre en “garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”, dejando atrás la etapa de asistencia financiera pública.
El proceso de privatización, por el cual el Ministerio de Economía estima recaudar alrededor de USD 30 millones, se da en un contexto de apertura del mercado donde ya existen 11 empresas habilitadas para brindar servicios de rampa, como American Jet, Swissport y Fly Seg.
Esta liberalización busca terminar con la posición dominante de Intercargo, especialmente en Aeroparque, permitiendo que cada aerolínea seleccione a su prestador o gestione sus propias tareas de asistencia. Aunque el plan original preveía concretar la venta antes de fines de 2025, el Gobierno acelera ahora los plazos para desprenderse de la infraestructura que considera inviable bajo administración estatal.
Cronica del Noa 
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