El nuevo esquema prioriza evaluaciones objetivas, limita el peso de las entrevistas y redefine el rol del Consejo de la Magistratura en los concursos. Fue firmado por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sin el aval de Horacio Rosatti.

Con la intención de acotar la incidencia política en la designación de magistrados, la Corte Suprema impulsó un nuevo reglamento para los concursos de jueces federales y nacionales, que ahora deberá ser debatido en el Consejo de la Magistratura.

La iniciativa, firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti —sin el aval de Horacio Rosatti—, introduce modificaciones profundas en el sistema vigente. El eje del cambio es el pasaje hacia un modelo más estructurado, con reglas predefinidas y menor margen para decisiones subjetivas.

Entre las principales novedades se encuentra la implementación de un doble examen. En una primera etapa, los postulantes serán evaluados mediante pruebas objetivas de corrección automatizada. Luego, deberán resolver casos prácticos vinculados con la función judicial. Todo el proceso estará atravesado por mecanismos de anonimato y trazabilidad.

A su vez, la entrevista personal pierde protagonismo: su incidencia se reduce a un máximo del 10% del puntaje total, lo que limita su capacidad de alterar el orden de mérito. También se establece un sistema de evaluación de antecedentes basado en parámetros verificables, como desempeño académico y experiencia profesional.

El reglamento contempla además la realización de concursos anticipados, antes de que se generen vacantes, con el objetivo de aislar el proceso de coyunturas políticas. En paralelo, se avanza en la digitalización integral de los expedientes de los candidatos.

La propuesta recorta la capacidad de intervención de los consejeros en etapas clave del proceso y traslada el poder hacia el diseño de las evaluaciones.

Aunque el Consejo analizará otras iniciativas, el planteo de la Corte introduce un cambio significativo en el equilibrio interno del sistema de selección judicial.