La investigación por dádivas sumó una declaración clave que refuerza las sospechas sobre el financiamiento del viaje durante el feriado largo

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo elemento con la declaración de una testigo que ratificó que el viaje en avión privado a Punta del Este fue financiado por el periodista Marcelo Grandío.

Se trata de Vanesa Tossi, empleada del broker aeronáutico que intervino en la contratación del vuelo, quien declaró ante el juez federal Ariel Lijo y respaldó la versión aportada previamente por el piloto de la aeronave.

La declaración que complica al jefe de Gabinete

Tossi, empleada de Agustín Issin —titular de una empresa de vuelos privados—, confirmó que tanto el tramo de ida como el de regreso del viaje realizado durante el feriado de Carnaval fueron abonados por Grandío.

La testiga tuvo participación directa en la operatoria, ya que fue quien acompañó a Adorni y a su familia hasta el avión tanto en la salida como en el retorno desde Uruguay.

Su declaración coincidió con la brindada por Issin, quien el día anterior había asegurado ante la Justicia que el funcionario no pagó los vuelos, lo que contradice la versión oficial de Adorni en conferencia de prensa.

Un viaje bajo investigación por posible dádiva

El caso se originó a partir de un viaje en jet privado que Adorni realizó junto a su familia y el propio Grandío hacia Punta del Este. La Justicia investiga si ese traslado constituyó una dádiva, es decir, un beneficio otorgado a un funcionario público a cambio de favores vinculados a su cargo.

El fiscal Gerardo Pollicita analiza dos posibles encuadres:

• El delito de dádivas
• Una eventual infracción a la Ley de Ética Pública

Con el avance del expediente, la primera hipótesis comenzó a ganar peso dentro de la investigación.

Uno de los puntos centrales del caso es la diferencia entre la versión pública de Adorni y los testimonios recabados en la causa. En una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete aseguró haber pagado de su propio bolsillo los gastos del viaje.

Sin embargo, tanto el piloto como la empleada del broker coincidieron en que los vuelos fueron abonados por Grandío, lo que abre interrogantes sobre la naturaleza de la operación y su eventual encuadre legal.

Según lo declarado por Issin, el vuelo fue facturado a una empresa vinculada al periodista, Imhouse S.A., mientras que la firma aérea Alpha Centauri emitió una factura por unos u$s3.000 correspondiente al tramo de regreso.

Cómo se organizó el vuelo y los contratos bajo la lupa

El piloto explicó que había adquirido un paquete de vuelos por u$s42.000, del cual luego vendió algunos tramos a distintos clientes, entre ellos Grandío.

En el caso del viaje investigado, el costo del regreso originalmente era de u$s4.800, pero se redujo a u$s3.000 mediante el uso de plazas vacías, una práctica habitual en la industria conocida como «empty leg».

Issin también señaló que el pago del tramo de vuelta se realizó en efectivo a través de un tercero, en una operación que habría sido coordinada mediante mensajes de WhatsApp y audios que ahora están en poder de la Justicia.

La causa también incluye un capítulo vinculado a la actividad profesional de Grandío. En el marco de la investigación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó un operativo en la sede de la TV Pública para secuestrar contratos de la productora del periodista con el canal estatal.

El objetivo es determinar si existió una relación entre el financiamiento del viaje y la continuidad de acuerdos comerciales con el Estado.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, Grandío ya había contratado en otras ocasiones los servicios del broker aéreo, lo que indicaría una relación comercial previa.

Por el momento, Grandío no fue citado a declarar, aunque no se descarta que pueda ser convocado en las próximas semanas, dependiendo del avance de la causa y del análisis de las pruebas recolectadas.

En tanto, la situación de Adorni dependerá en gran medida de si logra acreditar que reintegró el dinero correspondiente al vuelo. En caso contrario, la Justicia podría considerar que se trató de una dádiva, lo que implicaría un posible delito vinculado al ejercicio de la función pública.

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas, con foco en los testimonios, la documentación comercial y las comunicaciones entre los involucrados.