Para algunos es un clima de época por las relaciones carnales entre Argentina y EE.UU. pero nadie dejo de ver el papel del abogado de Trump en el juicio.

La Justicia estadounidense, los tribunales extranjeros donde se juzgó y jugó buena parte de la soberanía argentina cada vez que un fondo «buitre» decidió atacar a la Nación golpéandola donde más le duele, en sus finanzas, acaba de establecer un límite notable al accionar de los fondos especulativos, al menos en Nueva York.

Y, si bien se trata de cuestiones que pueden ser analizadas específicamente desde un punto de vista legal, la estrategia de la administración Milei de confiar en el abogado de Donald Trump para defender al demandado Estado argentino terminó dando sus frutos, enseñando un lado político en el debate judicial.

Los fondos conocidos despectivamente como buitres son fondos de inversión privados y especulativos que se dedican a comprar activos o deudas de países, empresas o particulares que tienen un nexo en común: están atravesando graves dificultades financieras, como situaciones de impago o riesgo de insolvencia. Con YPF y su juicio contra el Estado argentino pareció que tuvo todas las de ganar en primera instancia, pero los abogados del país lo dieron vuelta.

El abogado Robert Joseph Giuffra Jr., socio del estudio Sullivan y Cromwell, lideró la defensa de la Argentina y la llevó a una victoria impensada cuando asumió Javier Milei en diciembre de 2023 y decidió continuar con la estrategia judicial. Hubo un aviso antes de que los jueces anularan la condena contra el país en primera instancia y fue cuando Giuffra Jr. y su equipo lograron la suspensión de la ejecución.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York había ordenado suspender todas las medidas de ejecución de la sentencia -que obligaba a pagar más de u$s16.000 M- hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Giuffra había logrado un:

• Freno al traspaso de acciones: Giuffra logró un «stay» (suspensión) de emergencia contra la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a Argentina a entregar sus acciones de YPF como garantía
• Argumentación de soberanía: El equipo legal sostiene que el caso nunca debió juzgarse en tribunales estadounidenses, ya que involucra leyes y actos soberanos realizados en Argentina

Robert Giuffra Jr. es un abogado estrella en su país. Es copresidente de Sullivan & Cromwell, que posee un despacho de 900 abogados y logró mantenerse cerca de Donald Trump a pesar de haber sido cuestionado por esta cercanía en otros juicios que requirieron su representación.

Analistas políticos estadounidenses coinciden en señalar que en Washington, Giuffra y su equipo son los puntos altos de la defensa de Donald Trump. Su rol abarca la defensa directa de Trump en sus disputas legales personales y la gestión de estrategias legales de alto perfil, lo que lo sitúa en una posición relevante dentro del círculo legal del presidente estadounidense.

Algunos casos clave en los que trabajó

• Casos de alto perfil: Participó en la defensa contra la condena penal relacionada con el ocultamiento de pagos a Stormy Daniels
• Postura política: Giuffra calificó las causas judiciales contra Trump en Nueva York como un «precedente peligroso»
• Perfil profesional: Es considerado un abogado de élite en Nueva York, especializado en litigios complejos y asesoría comercial

El desafiante caso contra YPF y el Estado Argentino

En 1993, Argentina intentó desesperadamente convencer a los inversionistas de que no iba camino a ser una república fallida en América del Sur, al haber recaudado más de 1.000 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York (NYSE) para la OPA de YPF. Pero había un problema: los inversionistas conocían la historia de nacionalización y caos económico de Argentina.

Así, Argentina e YPF hicieron lo que parecía una promesa de hierro en los estatutos corporativos: si alguien adquiría más de un umbral determinado de acciones, tenía que hacer una oferta pública de adquisición (OPA) a todos los demás accionistas con una prima significativa.

¿La penalidad por incumplimiento? No podrías votar tus acciones ni cobrar dividendos.

En 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de economía, Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, decide que YPF debe ser renacionalizada. Su gobierno expropia el 51% de las acciones de la gigante petrolera española Repsol por 5.000 millones de dólares en un acuerdo de 2014 y procede a ignorar por completo el requisito de la OPA para los accionistas minoritarios.

Las entidades Petersen, que poseían una gran cantidad de YPF mediante una compra apalancada financiada con dividendos de Repsol, de repente no pudieron hacer frente a su deuda cuando Argentina dejó de pagar dividendos. Quedaron en bancarrota, y luego Burford Capital se hizo con las reclamaciones de litigio por una miseria. El típico accionar de los fondos buitres.

El analista financiero principal de la firma TripleS Special Situations, que siguió el caso en sus páginas de Substack, señaló que «los demandantes también señalaron que YPF infringió por separado los estatutos al no hacer cumplir el Artículo 7H, la disposición que indica que las acciones de Argentina no deben contar para el voto ni para los dividendos si no realizaron la oferta pública de adquisición (OPA)».

Sin embargo, «la defensa de YPF fue, en realidad, bastante convincente. Según la ley argentina, los accionistas en las asambleas tienen control exclusivo sobre asuntos sustantivos como el recuento de votos, el establecimiento de quórums y la determinación de quién tiene derecho a votar. YPF misma, la entidad corporativa, no tiene poder para anular las decisiones de los accionistas en la asamblea. También se señaló que el perito de daños de los demandantes calculó que todos sus daños ocurrieron el 16 de abril de 2012, seis semanas antes de la asamblea de junio, cuando Argentina anunció la expropiación. Así que, incluso si YPF incumplió algo en la asamblea de junio, ¿cómo podría eso haber causado daños que ya se habían producido en abril?», explicó el inversionista profesional.

Las decisiones que perjudicaron a la Argentina en los tribunales neoyorquinos

El 2018 no fue un buen año para la defensa argentina. Un panel falló sobre la cuestión de la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), decidiendo que la obligación de la oferta de Argentina conforme a los estatutos de YPF constituía una «obligación comercial» en lugar de un acto soberano, lo que significaba que el caso podía avanzar a pesar de las reclamaciones de inmunidad soberana de Argentina. Sin embargo, esa decisión de 2018, explícitamente, no abordó el fondo del derecho argentino ni ninguna de las reclamaciones sustantivas del contrato como sucedió después.

En su reporte de octubre del año pasado, TripleS Special Situations ya preveía que la argumentación de la defensa argentina iba en el camino correcto según los planes trazados por el equipo de Giuffra Jr. En un blog, explicaban los modos de la justicia estadounidense:

«Es importante señalar que las preguntas o desafíos de un juez durante la argumentación oral no son señales confiables de cómo decidirá finalmente el tribunal, ya que pueden estar simplemente actuando como abogado del diablo. Leer las inclinaciones judiciales a partir del tenor de la argumentación oral puede ser altamente engañoso. Un juez que pregunta de forma agresiva a una de las partes puede en realidad ser favorable a la posición de esa parte, pero necesita entender cómo abordar preocupaciones que podrían socavar su resultado preferido. La prueba adversarial durante la argumentación oral está diseñada para exponer fallas y refinar el razonamiento, no para indicar dónde decidirán los jueces cuando deliberan en privado». Y advertía: «Si el Segundo Circuito afirma incluso una sentencia reducida, eso seguiría siendo un gran golpe para Burford respecto a su base de costo de 15 millones de euros«.

La sentencia fue un golpe de knock out inmenso al fondo especulativo y sienta un precedente sin igual acerca de la viabilidad de invertir en fondos especulativos. Lo que parecía un gran festín para los «buitres» terminó siendo una mesa repleta de sobras y con la factura de la fiesta sin pagar.