En el Ejecutivo afirman que no modificarán ninguna de las partes ante la la presión judicial. Buscan oficializarla en este mes.

El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma laboral para oficializarla en abril ante los amparos que frenaron parte de su aplicación, en su mayoría provenientes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Como parte de este procedimiento, el Ejecutivo puso en marcha el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 28.802, que fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero.

La decisión política de la Casa Rosada es avanzar sin retrocesos de fondo sobre el contenido de la ley. En ese sentido, no cambiarán ninguna de las partes de la legislación por efecto de las presentaciones judiciales, aunque reconocen que la reglamentación buscará blindar algunos puntos que quedaron bajo mayor cuestionamiento.

La hoja de ruta apunta a concentrar la mayor cantidad posible de denuncias en el fuero Contencioso Administrativo y escalar la discusión a la Corte Suprema.

Frente a esta acumulación, “la estrategia busca unificar los procesos para atacar todos los frentes en los que surjan denuncias de forma coordinada”, afirmaron fuentes esclarecidas del Gobierno a TN.

La reglamentación abarca las áreas de Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego, los expedientes llegan a Legal y Técnica, que unifica el texto final y le da forma para su publicación en el boletín oficial.

Uno de los puntos más sensibles lo constituye el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), considerado una prioridad para el Gobierno.

En el plano judicial, Nación no quiere dejar caer el acuerdo de competencias laborales del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, los reclamos por vía judicial se debilitarían.