Sostiene que aún quedan 256 operarios en la nómina que podrían firmar la desvinculación. El gremio rechaza las presiones y reclama que se abonen los salarios caídos.

En un nuevo capítulo del conflicto por el cierre de FATE, la empresa lanzó una advertencia que resonó como una amenaza entre los trabajadores que exigen la reapertura de la fábrica. Advirtió que si el conflicto se sigue prolongando no podrá pagar las indemnizaciones de los 256 trabajadores que todavía no firmaron la desvinculación.

El planteo es parte de las presiones políticas y judiciales cruzadas que se juegan en torno de las gestiones sindicales para lograr la aprobación de una ley de estatización temporal de la fábrica.

Además, FATE ratificó que apelará el fallo de la Cámara laboral que la obliga a seguir pagando los salarios hasta mitad de este año.

Según consta en el acta de la última audiencia de conciliación, la empresa sostuvo: “La ocupación y bloqueo del establecimiento, vulnera la demanda de abstención propia del régimen de conciliación obligatoria, obstruye la negociación de buena fe y agrava aún más la situación económica de la compañía, comprometiendo incluso las perspectivas de abono futuro de las compensaciones derivadas de las desvinculaciones ya comunicadas del personal actualmente en nómina: 256 trabajadores”.

En la misma audiencia la compañía informó que sobre 920 trabajadores al momento del cierre ocurrido el 18 de febrero pasado, en la actualidad quedan todavía 256 operarios en situación pendiente de firmar la desvinculación. Dijo que el 70% de los afectados por el cierre ya firmó su desvinculación y cobró la indemnización que establece la ley de contrato del trabajo.

FATE aportó ese dato para sostener su postura de que ya no es posible reabrir la fábrica y operar con normalidad porque ya no cuenta con personal capacitado para hacerlo.

En ese sentido, señaló: “A la fecha no hay en nómina personal especializado, como técnicos, ingenieros y supervisores que resultan imprescindibles y necesarios para operar una fábrica de neumáticos en condiciones mínimas de seguridad y calidad, y en relación a la dotación de personal que ascendía a novecientos (900) trabajadores el 18/02/2026, hoy es de 256 trabajadores, entre los que se encuentran, incluso, miembros del Sutna con licencia gremial. Así, bajo ninguna condición resulta posible restablecer la operación, ni mucho menos mantener el proceso productivo bajo control de seguridad con la dotación indicada”.

“Al respecto, se insiste y aclara que más del 70% de la dotación total de la compañía se ha desvinculado por mutuo acuerdo suscripto con las formalidades establecidas en la LCT, y que un total de 644 empleados, entre los que se cuentan numerosos directivos del SUTNA, se han desvinculado en los términos del art. 241 de la LCT”, añadió.

El debate por los salarios caídos

Respecto del fallo que ordenó pagar los salarios caídos desde febrero y continuar haciéndolo hasta fines de junio próximo, la empresa expresó: “Asimismo, se reitera que toda cuestión vinculada con eventuales diferencias por haberes, dado que como lo señala el Sutna se ha dictado una resolución cautelar en sede judicial, respecto de la cual -al momento de ser debidamente notificada en legal forma, con arreglo a las normas aplicables-, esta parte analizará la misma e interpondrá los recursos y remedios procesales correspondientes”.

El fallo mencionado corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala II que ordenó a la empresa cumplir con el convenio firmado con el Sutna en mayo de 2025 mediante el cual FATE se comprometía a no efectuar despidos hasta el 30 de junio de 2026 a cambio de recibir beneficios en el pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social. Este fallo fue resultado de un recurso de amparo presentado por la conducción sindical que encabeza el dirigente Alejandro Crespo.

Frente al no cumplimiento del acuerdo, homologado oportunamente ante las autoridades laborales, el Sindicato planteó: “Desde este sindicato entendemos que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tiene que tomar cartas en el asunto y llevar adelante todas las medidas con las que cuenta a fin de encauzar la conciliación obligatoria, emplazar y multar de manera conminatoria a la patronal de FATE para que pague los salarios adeudados”.

El gremio espera fecha para la reunión con Kicillof

El protagonismo que el Sutna exige al Ministerio de Trabajo bonaerense, se encuadra en su estrategia de involucrar a todo el gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la búsqueda de una solución política que permita reabrir la planta de San Fernando, que es la única del país que produce neumáticos para camiones y colectivos.

En ese esquema, el gremio está jugando sus cartas principales en la Legislatura y en la Casa de Gobierno provincial. Ya se reunió con los principales bloques de diputados y senadores y obtuvo gestos de apoyo para impulsar un proyecto de “ocupación temporal” de la fábrica, donde el Estado provincial se hace cargo de la administración y los trabajadores de la operación para garantizar que la planta siga produciendo.

Y ahora encara la gestión política de mayor impacto en este tramo, que es conseguir el aval del gobernador Axel Kicillof para que ese proyecto se convierta en ley.

La semana pasada presentó una solicitud de audiencia con el gobernador y está a la espera de una respuesta con fecha precisa para el encuentro.

La expectativa está puesta en que Kicillof se diferencie del gobierno nacional de Javier Milei, que se desentendió del conflicto tras haber convocado a un proceso de conciliación obligatoria que no logró avance alguno en la negociación entre las partes.

“Claramente, la Secretaría de Trabajo de Milei no tuvo la intención de buscar solución alguna para los trabajadores; ahora en este nuevo ámbito son las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires quienes tienen oportunidad de mostrar una actitud totalmente diferente a la demostrada por Nación”, enfatizó el Sutna.

Las gestiones del Sutna para lograr la aprobación del proyecto ya sumó el apoyo de gremios como ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y Camioneros. A estos se agregó recientemente la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA),

Qué dice el proyecto de ocupación temporal

En el centro de la discusión se encuentra el proyecto de ley impulsado por el Sutna, que propone una ocupación temporal de la planta de FATE bajo control del Estado bonaerense. La iniciativa establece un esquema de intervención que combina elementos de administración estatal con participación de los trabajadores.

El texto declara de utilidad pública la continuidad de la producción de neumáticos, argumentando que se trata de una actividad estratégica para el transporte, la logística y el abastecimiento de bienes esenciales. Este aspecto es central, ya que es el que habilita legalmente la intervención estatal sobre una empresa privada.

A partir de allí, la iniciativa avanza hacia el núcleo de la propuesta. Se plantea la ocupación temporal de la planta industrial, incluyendo no solo las instalaciones, sino también maquinarias, insumos, materias primas, la marca y todos los activos vinculados al proceso productivo. En términos prácticos, esto implica una toma de control integral de la operación por parte del Estado, aunque con carácter transitorio.

El objetivo de esa intervención está claramente definido: garantizar la continuidad productiva, preservar los puestos de trabajo y asegurar el abastecimiento del mercado interno, con especial énfasis en los neumáticos destinados al transporte de cargas, pasajeros y servicios esenciales como el sistema de salud.

Cómo sería el esquema de gestión compartida

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que establece límites temporales concretos. La ocupación tendría una duración inicial de un año desde la sanción de la ley, con posibilidad de prórroga en caso de que persistan las condiciones que motivaron la intervención.

Durante ese período, el Poder Ejecutivo provincial estaría facultado para tomar posesión inmediata del establecimiento y adoptar todas las medidas necesarias para sostener la actividad, incluyendo la reincorporación de trabajadores y la eventual contratación de nuevo personal.

En cuanto al modelo de gestión, el proyecto introduce un elemento distintivo: la participación de los trabajadores en la administración de la empresa, bajo supervisión estatal. Este esquema de cogestión refleja la impronta del sindicato y apunta a garantizar la operatividad de la planta en un contexto de crisis.

Desde el punto de vista legal y económico, la iniciativa subraya que se trata de una medida excepcional y transitoria, y aclara que no implicará indemnización por el uso de los bienes. El argumento es que no se trata de una expropiación definitiva, sino de una intervención temporal que finalizará con la restitución de la empresa a sus propietarios.

El proyecto también establece que la intervención cesará si la empresa presenta un plan propio que garantice la totalidad de los puestos de trabajo con tareas efectivas, lo que introduce un incentivo para una eventual reactivación privada.