Tras la media sanción en el Senado, la Cámara baja convalidó el proyecto con 137 votos afirmativos en un sesión que terminó a la madrugada.

Con el respaldo de las provincias con actividad minera, el oficialismo junto a bloques aliados logró aprobar en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares.

La iniciativa busca reducir el alcance de la protección vigente sobre las zonas glaciares y periglaciares, con el objetivo de habilitar nuevos proyectos productivos, especialmente en el sector minero.

Luego de alcanzar el quórum sin mayores dificultades —incluido el apoyo de algunos legisladores cuyos bloques se oponían a la reforma—, el oficialismo logró sancionar la iniciativa con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.

La sesión

Con la presencia de 129 diputados, el oficialismo logró obtener el quórum necesario para debatir la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. El apoyo de bloques aliados como el PRO, la UCR e Innovación Federal resultó clave para iniciar una sesión que, de aprobarse el proyecto, convertirá la iniciativa en ley al contar ya con media sanción del Senado.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el proceso previo asegurando que “la audiencia pública fue una de las formas de escuchar a la ciudadanía” y que se cumplió con el Acuerdo de Escazú, mientras que el diputado José Peluc afirmó que la modificación “tuvo un apoyo del 70% en las audiencias públicas”.

A pesar del avance oficialista, la jornada estuvo marcada por fuertes cruces y cuestionamientos de la oposición, tanto por el contenido de la ley como por las causas judiciales que involucran al entorno gubernamental.

El diputado Martín Lousteau justificó su voto en contra al sostener: “No creo que sea buena idea aprobarle una ley que desprotege el ambiente a un presidente que niega el cambio climático”. En su discurso, Lousteau también vinculó la gestión con presuntos casos de corrupción, mencionando desde irregularidades en seguros hasta “los créditos de jubiladas para que un funcionario compre departamento tras departamento”.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la reforma como un “retroceso sin precedentes” y una medida anticonstitucional que viola principios de protección ambiental.

“Prefiero quedarme con el agua, que con una fortuna temporal para alguna provincia”, sentenció Ferraro, quien además denunció que la participación ciudadana fue una “farsa” debido a que expusieron menos de 400 personas de los 100 mil inscriptos. En contraste, los defensores del proyecto, apoyados por gobernadores de la Mesa del litio y el cobre, insisten en que la normativa es necesaria para el desarrollo productivo y la actividad minera.