El Gobierno provincial anunció un paquete de medidas para ordenar las cuentas ante la caída de la coparticipación.

En medio de un contexto económico complicado, el Gobierno de Salta puso en marcha un plan de austeridad por 180 días que busca reorganizar las cuentas públicas sin trasladar el ajuste a los sectores más vulnerables.

La medida fue confirmada en las últimas horas y responde a un dato que preocupa: la fuerte caída de la coparticipación, producto de la baja en el consumo. Con menos plata entrando, la Provincia decidió achicar gastos puertas adentro.

Uno de los puntos más fuertes del decreto es el congelamiento total de los sueldos de funcionarios. La medida alcanza a toda la cúpula política: gobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de organismos del Estado.

Además, se dispuso que no habrá nuevas contrataciones de personal, al menos durante este período, como parte del intento de frenar el crecimiento del gasto público.

El ajuste también impacta en otros aspectos del funcionamiento diario del Estado. Quedan suspendidos los viajes al exterior -salvo casos excepcionales- y se eliminan gastos vinculados a protocolo y cortesía.

A esto se suma una revisión general de contratos, especialmente aquellos en moneda extranjera, que deberán renegociarse en un plazo de 60 días para evitar mayores costos. También habrá un control más estricto sobre el uso de vehículos oficiales y el consumo de combustible.

En ese sentido, desde la Provincia remarcaron que continuarán cubriendo gastos clave como el subsidio al transporte, el incentivo docente y el apoyo a instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

El plan de austeridad llega en un escenario donde también se sienten decisiones a nivel nacional, como la baja de programas que impactaban directamente en el consumo local, lo que reduce aún más el movimiento económico en barrios y comercios.

Con este paquete de medidas, el Gobierno intenta ordenar las cuentas en un contexto de incertidumbre, apostando a un recorte enfocado en la estructura estatal y no en el bolsillo de la gente.