Los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podrían enfrentar penas de hasta cuatro años de prisión y multas millonarias por operaciones realizadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

El juez en lo penal económico Gustavo Meirovich debe decidir si condena o absuelve al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por presuntas maniobras cambiarias con unos 100 millones de dólares.

La investigación se basa en una denuncia del Banco Central (BCRA) por operaciones realizadas durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández, que habrían consistido en ingresar dólares a la Argentina y venderlos al valor del blue en vez de hacerlo al oficial, permitiéndoles cobrar el doble del valor legal.

Esta causa es la que más preocupa a la cúpula de la AFA debido a que, bajo la Ley Penal Cambiaria, el juez decide la sentencia de forma directa sin pasos procesales intermedios como la declaración indagatoria.

De ser encontrados culpables, los dirigentes enfrentan una pena de uno a cuatro años y se estipulan multas equivalentes a 10 veces la infracción cometida. El sumario del BCRA analiza operaciones con el banco BST que involucran figuras como “subsidios” por USD 32 millones, maniobras de contado con liquidación por más de USD 10 millones y la recepción de pagos por derechos audiovisuales a través de bonos por más de USD 50 millones.

El magistrado ya solicitó certificar la existencia de causas similares y espera los descargos por escrito de los dirigentes y del banco intermediario para avanzar con un “análisis profundo” de la denuncia.

La pesquisa abarca al menos tres maniobras con pagos provenientes de sponsors como Adidas de Alemania, la Conmebol o la FIFA y de intermediarios de derechos comerciales que habrían esquivado el mercado oficial de cambios.

A diferencia de otros expedientes contra Tapia y Toviggino, como el de retención de aportes jubilatorios que tardará al menos dos años en llegar a juicio oral, esta causa tiene un trámite expedito. El juez Meirovich investiga si estas entidades deportivas fueron instrumentadas para obtener ganancias ilícitas mediante el incumplimiento de la normativa cambiaria vigente entre 2021 y fines de 2025.