La directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, presentó una denuncia contra el Ministerio Público Fiscal.

En medio de la complicada situación que enfrenta el municipio de Aguas Blancas, la Justicia Federal ha iniciado una investigación a raíz de las irregularidades detectadas en el padrón electoral de la ciudad norteña. Este proceso reveló un dato alarmante: más de 600 personas fueron registradas con el mismo domicilio en una sola calle de la ciudad.

Aguas Blancas, que fue declarado municipio en 2015, ha tenido un historial de gestión marcada por irregularidades. Tras la condena del ex intendente Sergio Oliva por abrir un paso ilegal en la frontera con Bolivia, el actual intendente, Carlos Martínez, enfrenta graves denuncias. Martínez, a quien se le revocó el arresto domiciliario en medio de la investigación del asesinato de su hermano en un caso con posible conexión al narcotráfico, ahora se ve inmerso en este nuevo escándalo.

La directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, fue quien elevó la denuncia al Ministerio Público Fiscal, alertando sobre las anormalidades detectadas en los padrones de la ciudad. Entre los hechos más preocupantes está el descubrimiento de que 603 votantes, según el padrón de las elecciones del 23 de octubre de 2023, figuran con domicilio en la calle 20 de Febrero, sin número, una arteria que solo tiene cinco cuadras y está compuesta por viviendas y galpones.

Situaciones similares se repiten en la calle 25 de Mayo y en otros puntos del municipio, donde se detectaron padrones con electores registrados simplemente con la dirección «Aguas Blancas S/N». Cornejo calificó esta situación como «exorbitante» y destacó que la investigación busca determinar si estos casos responden a errores o si, por el contrario, podrían estar vinculados a posibles conductas delictivas relacionadas con la inscripción ilegal de votantes.

En un contexto fronterizo como el de Aguas Blancas, la sospecha de que ciudadanos extranjeros pudieran estar siendo registrados de manera irregular en el padrón electoral, sin cumplir los requisitos legales para la obtención de la ciudadanía argentina, ha encendido las alarmas. La Justicia Federal deberá ahora determinar si estos hechos configuran delitos como la inscripción dolosa de votantes o la entrega irregular de documentos de identidad a extranjeros.

Como parte de la investigación, Cornejo solicitó que se designe un investigador del Ministerio Público Fiscal o de Gendarmería para realizar un relevamiento en la calle 20 de Febrero, con el fin de comprobar la residencia legal de los electores. Además, pidió que se consulte a la Embajada de Bolivia si algunos de estos votantes tienen ciudadanía boliviana y que se revisen los antecedentes de los electores en el Registro Nacional de las Personas y la Justicia Electoral para verificar la legitimidad de sus documentos.