El Presidente había recusado a los jueces que fallaron a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el conflicto por los fondos de coparticipación.

La decisión de Alberto Fernández de desobedecer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por los fondos de coparticipación que le correspondían a CABA le valieron dos denuncias penales en su contra.

Una de ellas la encabeza el partido Republicanos Unidos, que preside Ricardo López Murphy. Desde su espacio, cuestionaron la procedencia del recurso que el Gobierno ayer anunció que presentará para lograr la revocación ‘in extremis’ del fallo dictado por el máximo tribunal del país.

Ricardo López Murphy

“Queda claro que el anunciado recurso que pretende interponer el Poder Ejecutivo Nacional es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente, y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia”, dijeron.

La denuncia de Lilita Carrió

En la misma línea, Elisa Carrió también acudió a la Justicia para demandar al Jefe de Estado. La líder de la Coalición Cívica (CC) presentó un escrito en el que lo acusa de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Entre los firmantes, figuran el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López, y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad, Paula Oliveto y Mariana Zuvic.

También dejaron escrito su nombre los legisladores porteños de la CC Facundo del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucia Romano, como así también el presidente del partido por el distrito, Claudio Cingolani.

“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, sostiene la denuncia.

Y añade: “Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el sólo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”.

La polémica encuentra su trasfondo en la devolución del 2,95% de la masa de fondos coparticipables al gobierno porteño que la Corte exigió, luego de que el Presidente le quitara un punto para otorgárselo a la Provincia.