Nota extraída de Clarín por Eduardo van der Kooy

Hubo reflejo en las movilizaciones piqueteras y en el sindicalismo. La inflación que se dispara es otro motivo de discordia. Crecen los síntomas del descontento social. En medio del juego asoma Massa.

Alberto, Cristina y la disputa que crece. En el medio asoma Massa.

Si se traza una comparación entre los dos primeros años largos del gobierno del Frente de Todos y el de Juntos por el Cambio, que lo antecedió, surge una conclusión: más allá de la valoración de cada gestión queda claro que la funcionalidad política de la coalición ahora opositora tuvo un estándar superior al presente oficialismo. Se trata sólo de una fotografía que sirve para calibrar la adaptación que viene mostrando la democracia ante el fin del sistema bipartidista.

Ambos conglomerados están cargados de convulsiones internas. Pero en sus cuatro años, con los últimos dos en pleno tobogán, Juntos por el Cambio siempre reconoció en su vértice a Mauricio Macri. Neutralizó cualquier desbande. El FdT, en cambio, exhibe tres figuras debajo de las cuales comenzó la disgregación. Son Alberto Fernández, el presidente. Cristina Fernández, la vicepresidenta y Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados.

La mayor disrupción sucede entre Alberto y Cristina. Significa un daño objetivo a la autoridad, clave para cualquier gobierno. Cada uno de los bandos en pugna opera en detrimento del otro. Hay dos ejemplos de la semana que pasó. La movilización y acampe de los movimientos piqueteros que desafiaron al jefe de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, alfil del Presidente. La irrupción de La Cámpora en el interior de la Confederación General del Trabajo (CGT). Otro de los soportes del mandatario.

Aquellas organizaciones parecen haberse desprendido en forma definitiva del cerco de contención que, en los inicios, brindaron el Movimiento Evita, de Fernando Navarro y Emilio Pérsico, y Barrios de Pie, del dirigente Daniel Menéndez. Los dos últimos encaramados en la estructura de Desarrollo Social. El divorcio se venía insinuando. Cobró volumen a partir que el Gobierno hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sólo el ministerio maneja 90 de los 145 planes sociales estimados que rigen a nivel nacional.

La manifestación implica otro golpe al simbolismo peronista del control callejero. Algo más. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, provocó a los funcionarios: “Que dejen los escritorios y bajen a la calle”, alardeó. Esa práctica coincide con la lógica que impera en La Cámpora. También profundizada desde el acuerdo con el FMI. De hecho, ambos convergieron en la movilización del Día de la Memoria. Con los argumentos públicos que utilizaron para vincular la dictadura con el FMI y el gobierno de Macri.

¿Pura casualidad? En el Gobierno sospechan, con fundamento, que la formidable logística que posibilitó la movilización y el acampe de tres días en la avenida 9 de Julio pudo contar con la ayuda financiera proveniente de estamentos estatales que administran camporistas.

Toda cohabitación encierra contrasentidos. Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), se exhibió confraternizando en la cárcel con Jaru Rodríguez Carrero, un venezolano ligado al Movimiento Teresa Rodríguez, acusado de haber sido uno de las atacantes contra la oficina de Cristina en el Senado, la jornada en que el acuerdo con el FMI fue debatido en Diputados.

La vicepresidenta utilizó ese episodio, de modo directo, para pronunciarse contra el FMI. Lo consideró un ataque personal a su investidura y se presentó como querellante en una causa judicial. Las pruebas recogidas por el fiscal Carlos Rívolo y la Policía apuntan a una agresión indiscriminada sobre el Congreso. Curioso que frente a semejante impudicia de Grabois haya reinado un silencio hondísimo en el cristinismo y La Cámpora. Como el que Andrés Larroque, ministro de Axel Kicillof, le achacó al Gobierno luego de aquellos incidentes.

Hubo otra fotografía rodeada también por el mutismo. Causa estremecimiento en el sindicalismo que banca Alberto. Juntó a Máximo Kirchner con Pablo Moyano. Uno de los hijos de Hugo que, casi en simultáneo, se entrevistaba con el Presidente. El furibundo de Pablo integra el secretariado de la CGT. Aunque parece cansado de los “gordos”, Héctor Daer y Carlos Acuña. Hay quienes aseguran que estaría en vísperas de dar un portazo en la central obrera. Endilga pasividad a sus dirigentes por el acuerdo con el FMI y el deterioro del cuadro económico-social. Aquel retrato se añade a una novedad anterior. El desplazamiento de Antonio Caló de la conducción de la UOM. La llegada de Abel Furlán, un sindicalista cercano a Máximo. ¿Caería pronto también en desgracia el gastronómico Hugo Barrionuevo?

La vicepresidenta mira con indisimulado cariño esas novedades. Aunque su agenda tenga otras prioridades. El Poder Judicial figura siempre en punta. Logró dictamen en el Senado, luego de un traspié, para la ley del Consejo de la Magistratura. Capturó el voto para la mayoría (37) que le acercó el senador de Río Negro, Alberto Weretilneck. El patagónico comparte la idea de excluir a la Corte Suprema de aquel organismo. Tendría alguna compensación: la incorporación como consejeros de abogados y jueces de cada distrito judicial. Pregona la federalización.

Esa formulación pomposa oculta pequeñeces que explican su cambio de postura. Nunca pudo olvidar que la Corte tumbó en 2019 su deseo de un tercer período consecutivo en la Provincia. La inquina se focaliza sobre Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que votaron en contra. Elena Highton, que ya no está en el Tribunal, y Carlos Rosenkrantz lo hicieron en disidencia.

Cristina no desconoce que ese proyecto, casi con seguridad, naufragará en Diputados. Allí la oposición sostiene la teoría de que, como sucedía en origen, el Consejo debe contar con la representación del máximo Tribunal. La dama pretende, sin embargo, enviar una señal de admonición a los jueces de la Corte que tienen entre manos decisiones muy sensibles para ella. En especial, los cerca de 50 recursos especiales presentados por su defensa en las causas por corrupción. Sabe que varios serán denegados.

Su necesidad, en otro tema, coincidió con la del Presidente. La Corte tiene bajo análisis el conflicto por la coparticipación que enfrenta al Gobierno con Horacio Rodríguez Larreta. Las partes están en el período de negociación (30 días) que exigieron los jueces. Pero el escepticismo invade a casi todos. De allí, ciertas teatralizaciones oficiales. El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, anunció que parte de los fondos incautados a la Ciudad serán destinados a la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe. Omar Perotti, el gobernador, se sorprendió con un auxilio nunca tenido en cuenta desde el 2019.

El Presidente encolumnó a 19 gobernadores peronistas que expresaron su solidaridad con aquella intempestiva decisión de 2020 de podar fondos a la Ciudad. Los mandatarios resolvieron elevar un duro documento a la Corte Suprema. ¿Hacía falta tanto? ¿O existe la presunción que los jueces podrían fallar que cese el recorte de dinero a Rodríguez Larreta hasta que se resuelva la cuestión de fondo?

Ese encuentro tendría lecturas adicionales. Una demostración de fuerza de Alberto en la interna del FdT. También, la garantía para Cristina que la hostilidad contra Rodríguez Larreta impediría al Presidente volver a recurrir a la oposición, como hizo con el acuerdo con el FMI, para sortear las resistencias kirchneristas.

En medio del juego asoma Massa. El líder renovador ha comenzado a escuchar murmullos recurrentes en su Frente por la deriva del Gobierno y la disidencia permanente entre Alberto y Cristina. Tiene que hacer lo indecible para calmar la agitación. A un año y medio del recambio presidencial cualquier posibilidad de ruptura en su grupo lo dejaría desguarnecido. Aunque le agrade retratarse junto a Rodríguez Larreta.

El titular de la Cámara de Diputados sigue cuidando su comarca. No le ve un buen destino a Kicillof. ¿Cristina tampoco? Buenos Aires es la guarida kirchnerista pensando en un 2023 que, tal vez, no sea propicio. ¿Massa para pelear la gobernación?. Es prematuro arriesgarlo. Nadie sabe cuál será la suerte final de Alberto. Ni qué candidato podría tener in pectore Cristina. ¿También el propio Massa o quizás Capitanich? Ninguno parece el fruto de una estrategia. Más bien, de la desesperación.

La chance de una derrota en la presidencial abrió entre los K la fantasía de un desdoblamiento electoral en Buenos Aires. Hay un impedimento serio. En ese caso, como candidata nacional, la hoy vicepresidenta quedaría atada al designio del postulante a la presidencia. Los fueros siempre estarían.

El kirchnerismo se propone despejar el terreno en aquella provincia. Vuelve a intentar el juicio político contra el procurador general, Julio Conte Grand. Lo quieren lejos en 2023. La maniobra no prospera porque el oficialismo no consigue la mayoría de diputados en la Legislatura bonaerense. Convirtieron la sede parlamentaria en un mercado de ofertas. Todo por uno o dos votos opositores. Hasta seducen con un sillón en la Corte de la Provincia, de los que quedaron vacantes por los fallecimientos de Eduardo De Lázzari y Héctor Negri.

Tanto empeño puesto en menudeos políticos se torna inquietante por el contexto. Trasunta la ajenidad de los actores respecto de los graves problemas que laceran a la sociedad. Transmite la agonía y la aproximación al colapso de la coalición que gobierna.

El Gobierno no pudo ni hablar de la reducción de la pobreza en el último trimestre del 2021. Porque volvió a avanzar raudamente con la inflación de enero y febrero (8,8%) y el pico que se espera para marzo. Roberto Feletti, el secretario de Comercio, rogó que no le pidan milagros. La quinta columna camporista en el Gobierno, De Pedro, cargó por el fracaso, también, contra Martín Guzmán y Matías Kulfas. De libro. Y de parte de Cristina.