La Justicia registró faltantes de mercadería y errores en los comprobantes de reparto. Además, el fiscal de Cámara respaldó al juez Casanello en su investigación.

La Justicia ha encontrado discrepancias significativas entre la cantidad y tipo de alimentos que el Gobierno informó tener acopiados en los depósitos oficiales y lo que realmente se halló durante una inspección reciente.

Según fuentes judiciales consultadas por LA NACION, el juez Sebastián Casanello identificó faltantes entre lo declarado y lo encontrado. Además, se detectaron inconsistencias en los remitos que documentan la distribución de los alimentos. Por ejemplo, se reportó una entrega en Pinamar que no cuenta con un remito que la respalde, mientras que hay un remito que indica una entrega en un lugar diferente al mencionado en el documento.

Los investigadores están consolidando esta información para rastrear los alimentos desde su compra hasta su almacenamiento y posterior distribución. Por ello, el juez Casanello reiteró hoy al Ministerio de Capital Humano la solicitud de los expedientes relacionados con la compra de estos alimentos.

Aunque ya se había solicitado esta información la semana pasada, Capital Humano no la entregó. Se reiteró la petición con un plazo de 72 horas, que venció sin respuesta, por lo que el juez renovó el reclamo este lunes.

El fundamento de la solicitud radica en la necesidad de que cualquier decisión del Estado esté respaldada por un acto administrativo que la justifique. El juez busca obtener toda la documentación necesaria para verificar la compra de cada producto, su almacenamiento y su distribución, con el objetivo de identificar los faltantes que se están descubriendo.

Según un informe de la División de Investigación contra la Corrupción de la Policía Federal, se encontraron importantes discrepancias en los inventarios de alimentos en los depósitos oficiales. 

En particular, sólo había 18.640 unidades de leche en polvo de un kilo, cuando se habían reportado 30.240 unidades. En otro lote, debía haber 229.034 unidades, pero se encontraron 11.600 más de las declaradas. Además, no se hallaron aceites de la marca “Costa del Sol”, pero sí productos de la marca “Alsamar” que no estaban registrados.

“Aparecen faltantes”, comentó una fuente judicial, añadiendo que están a la espera de concluir el relevamiento para obtener un panorama completo de las irregularidades.

Esta situación surge en medio de un conflicto entre el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, y el juez Casanello. El juez ordenó la creación de un plan para repartir los productos alimenticios, algunos de los cuales tienen fechas de vencimiento cercanas. Sin embargo, el Gobierno, a través de Leila Gianni, subsecretaria de Legales del ministerio, apeló esta decisión, lo que provocó un tenso intercambio con el denunciante en la causa, Juan Grabois, en los Tribunales.

Gianni había declarado públicamente que el Gobierno no permitiría que jueces o fiscales “militantes” decidieran las políticas públicas, en una aparente alusión a Casanello. En esta disputa sobre si corresponde o no que la justicia ordene la distribución de la comida, la Cámara Federal deberá decidir. 

Por su parte, el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, apoyó la posición de Casanello, argumentando que el juez no está invadiendo un área del Poder Ejecutivo ni dictando una política pública, sino persiguiendo un delito y cumpliendo con tratados internacionales que garantizan el derecho de acceso a los alimentos.

“No se trata de elaborar ninguna política pública, sino de garantizar el cumplimiento de aquella delineada o a delinear por la propia Administración Nacional en cumplimiento del bloque de constitucionalidad y la ley de seguridad alimentaria”, escribió el fiscal. Y remató: “Ni el rugir de los camiones colmados de alimentos para su entrega deben o pueden solapar lo que realmente acontece en este caso”.

En su dictamen, el fiscal Agüero Iturbe destacó las inconsistencias en lo informado por el Gobierno sobre los alimentos almacenados en los depósitos oficiales. El Gobierno había declarado que en los depósitos predominaba la yerba mate. Sin embargo, el fiscal señaló que solo el 34,6% de la mercadería en Villa Martelli y el 40,7% en Tucumán correspondía a yerba mate, contradiciendo la información oficial.

La decisión sobre este asunto ahora está en manos de la Cámara Federal, con los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Alberto Boico. Mientras la investigación sigue su curso, el Gobierno ha comenzado a distribuir la mercadería con fecha de vencimiento próxima. Esta distribución se está realizando mediante un convenio con la Fundación Conin y utilizando camiones del Ejército para la logística.