Algunos de los denunciantes manifestaron que los obligan a realizar tareas domésticas en las casas de los dirigentes o que los alimentos destinados a los más necesitados se venden en negocios privados

El programa Potenciar Trabajo, diseñado para brindar apoyo económico a sectores vulnerables, está en el centro de un escándalo por supuestas irregularidades. Documentos revelan denuncias de beneficiarios sobre presiones y extorsiones por parte de dirigentes sociales, quienes, según las acusaciones, imponen cuotas de hasta $7000 y multas por no asistir a marchas políticas.

Las denuncias, presentadas ante el Gobierno a través de la línea 134, describen amenazas y coerción para obligar a los beneficiarios a participar en actividades políticas, como marchas sindicales. Se estima que el 90% de las más de 1900 denuncias que se volvieron públicas, mencionan estos abusos por parte de los líderes de movimientos sociales para que marchen el 24 de enero de 2024, el día del parto general de la CGT.

Los documentos revelan detalles impactantes, como la existencia de listas semáforo para clasificar a los beneficiarios según su cumplimiento de pagos, amenazas de represalias por no participar en campañas políticas y el uso indebido de los recursos del Estado, como la construcción de propiedades personales con materiales destinados a la ayuda social.

Algunos casos destacan la presión ejercida sobre los beneficiarios para realizar tareas domésticas en propiedades de los dirigentes, la venta de alimentos destinados a los más necesitados en negocios privados y el uso de los planes sociales como herramienta de coacción para fines políticos. Otro de los denunciantes aseguró que los dirigentes amenazan con darle de baja los beneficios se modifican las contraseñas de Mi Argentina y ANSES.

Estas revelaciones plantean serias preguntas sobre la transparencia y la eficacia de los programas sociales en Argentina, así como la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar que los recursos destinados a los más necesitados se utilicen de manera adecuada y no sean objeto de abuso por parte de quienes los administran.