La Argentina le enviará una carta a la Juez Loretta Preska para excluir a Sergio Massa, Luis Caputo, Santiago Caputo y Guillermo Michel de la lista de políticos que debían entregar comunicaciones. Los detalles del caso.

El Gobierno enviará una carta a la Jueza Loretta Preska pidiéndole que no incorpore a Sergio Massa, Luis Caputo, Santiago Caputo y a Guillermo Michel en la lista de funcionarios, no funcionarios y exfuncionarios que deben entregar comunicaciones realizadas por diferentes servicios de mensajería en lacausa por YPF.

Así lo explicó el especialista de Latam Forum, Sebastián Maril. “Los beneficiarios del fallo enviarán su propia carta sobre el discovery de información relacionado con el alter ego de Aerolíneas, YPF, BCRA, ARSAT, BNA y ENARSA”, indicó en sus redes sociales.

“Se trata de un cronograma que armó la jueza Loretta Preska luego de solicitar la entrega de la información. La Argentina pidió presentar más información para excluir a estos funcionarios de la lista”, explicó Maril ante la consulta de TN. “El fallo que determina si estos funcionarios deben entregar información o no, implicará presentaciones cruzadas y podrá salir a partir del 11 de octubre”, precisó el especialista.

Por su parte, el fallo más “grande”, que explicitará si hay “alter egos” de la Argentina a los que los beneficiarios les puedan embargar bienes, se va a demorar meses.

El domingo 15 se cumplió un año desde el fallo que obligó al país abonar US$16.000 millones por haber expropiado YPF sin respetar el estatuto de la empresa.

Desde ese día, el Gobierno apeló y los beneficiarios del fallo “ganaron” US$914 millones en intereses, iniciaron un pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado y la búsqueda de activos soberanos en EE.UU., Irlanda e Inglaterra.

Además, solicitaron pruebas para demostrar el estado de Alter Ego de YPF, Aerolíneas Argentinas, BCRA, Banco Nación, ARSA y ARSAT.

La disputa judicial es parte de una serie de demandas presentadas por los accionistas de YPF después de la expropiación de la compañía por parte del gobierno argentino en 2012. Los demandantes alegan que la Argentina violó acuerdos previos con los accionistas al nacionalizar la empresa sin respetar las condiciones establecidas, lo que derivó en pérdidas significativas para los inversores.

Los beneficiarios del fallo son, en realidad, fondos que les compraron el juicio a las empresas afectadas originalmente que tenían participaciones más chicas en YPF cuando fue estatizada.

El reclamo de esos accionistas es que la Argentina no les dio un trato igualitario con respecto a Repsol (que finalmente terminó cobrando) a pesar de lo que establecían los estatutos de la petrolera al momento de la privatización.

En primera instancia, la jueza Preska condenó a la Argentina. Como el país no pagó y procedió con la apelación, la magistrada autorizó a los beneficiarios del fallo a buscar bienes del país para embargar.

Sin embargo, les resulta muy difícil conseguir algún activo que puedan confiscar. Por eso, la estrategia de los demandantes es ahora buscar “alter egos” del país y apuntan a Banco Nación, Banco Central, Arsat y otras empresas públicas.