La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución de Verónica Molina y Marcos Vera, quienes habían sido acusados de pedir un porcentaje de los salarios a trabajadores en favor de la agrupación K.

La Justicia Federal determinó la culpabilidad de dos exfuncionarios en Salta que, durante su gestión en PAMI y Anses, exigieron a empleados un porcentaje de sus sueldos para financiar actividades de la agrupación política kirchnerista La Cámpora. Verónica Molina, exdirectora del PAMI en Salta, y Marcos Vera, exdirector de la Anses en la provincia, enfrentan ahora la posibilidad de una pena de hasta cuatro años de prisión, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal diera lugar a la apelación del Ministerio Público y revocara su absolución inicial.

En un primer momento, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta había absuelto a los acusados junto a otros implicados, considerando que el dinero exigido se trataba de una contribución voluntaria. Sin embargo, el fiscal federal Ricardo Toranzos no compartió esta interpretación y apeló la decisión. Según su argumentación, la exigencia de estos pagos no podía considerarse voluntaria, ya que los empleados se sentían obligados a contribuir bajo amenaza de perder sus puestos de trabajo.

El fiscal presentó como pruebas mensajes de texto y audios de WhatsApp en los que Molina y Vera solicitaban el cobro de un 20% del sueldo de algunos empleados, quienes habían sido designados a sus cargos gracias a la influencia de los funcionarios. En estos mensajes, se evidenciaba cómo las exigencias se realizaban en el marco de sus funciones oficiales y utilizando herramientas y recursos de las dependencias públicas.

La acusación se sostuvo en la figura del delito de concusión, que se aplica cuando un funcionario abusa de su cargo para solicitar o exigir pagos indebidos, así como en el delito de peculado, al haber utilizado servicios y recursos públicos con fines personales y políticos. En el caso de Molina, se sumaron cargos adicionales por peculado al haberse comprobado que empleó recursos del PAMI en beneficio propio.

En su apelación, el fiscal de Casación, Mario Villar, respaldó la postura de Toranzos, destacando que las pruebas recogidas durante la investigación y en el juicio oral demostraban que los pagos se realizaban bajo coacción. “Las exigencias eran claras, y los empleados sentían que debían entregar parte de sus salarios para asegurar su permanencia en los cargos obtenidos”, señaló Villar.

El fallo de Casación, firmado por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, fue contundente al desestimar los argumentos del Tribunal Oral de Salta. Según el fallo, la sentencia original no había fundamentado de manera coherente la absolución de los acusados, y se evidenció una clara contradicción entre los jueces que la firmaron. Por esta razón, Casación decidió anular la absolución y ordenar que se establezca la pena correspondiente para Molina y Vera, que podría alcanzar hasta los cuatro años de prisión.

Además, el fallo describe cómo se organizaba la recaudación de estos fondos. Según se comprobó en la causa, los exfuncionarios instruían a los empleados sobre cómo realizar los depósitos utilizando los bolsines del PAMI, un sistema de correo interno gestionado por el Correo Argentino, para evitar controles y mantener ocultos los movimientos de dinero. En varios audios presentados como prueba, Vera insistía a los empleados en que se cumplieran los plazos para la entrega del dinero, señalando que todos ya lo habían hecho, lo que reforzaba la presión sobre los trabajadores.

En cuanto a otros implicados en el caso, el tribunal de Casación ratificó la absolución de los empleados Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, así como del exconcejal Fernando Ruarte, quien había sido investigado por el presunto uso de electrodomésticos donados por la Aduana para hacer campaña política. Según el fallo, no se pudo demostrar que los productos hayan sido utilizados con fines políticos fuera de los términos establecidos por el PAMI.