La causa se inició hace más de 16 años, tras una denuncia de la diputada Elisa Carrió. Qué sucedió en la Justicia durante todo este tiempo

La Cámara Federal de Casación confirmó la condena a seis años de prisión impuesta a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y la inhabilitó para ejercer cargos públicos, como consecuencia de la denominada causa «Vialidad», en la que se juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.

La causa se inició el 12 de noviembre de 2008, cuando Elisa Carrió presentó una denuncia en Comodoro Py, junto a otros miembros de la Coalición Cívica, por la obra pública vial que desde 2003 habían comenzado a recibir las empresas del empresario santacruceño Lázaro Báez (cercano al presidente Néstor Kirchner).

El empresario había armado una compañía que se dedicó a hacer rutas en la provincia de Santa Cruz. Lo denunciaron como un caso de corrupción.

Una parte de la causa fue enviada inicialmente a Santa Cruz, algo que después Cristina Kirchner remarcaría para defender que no podía ser investigada y que el caso había sido cerrado. Pero la respuesta que tuvo en las distintas instancias judiciales a ese planteo fue que ella no había sido imputada en el expediente provincial y por lo tanto no se podía hablar de un doble juzgamiento.

Causa Vialidad: el fuerte giro en 2016

En abril de 2016, tras el cambio de gobierno nacional, el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, amplió la denuncia con más datos sobre las rutas en Santa Cruz.

La denuncia se basó en el informe de avance de «Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23° Distrito Santa Cruz», elaborado por la unidad de auditoría interna de la DNV. Agregó que, en ese informe, se había determinado que entre 2003 y 2015 se habían concentrado las obras en esa provincia, delegado funciones de la DNV en la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) -comitente en cada una de las contrataciones- y concentrado obras en un único grupo de empresas: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y «Sucesión Adelmo Biancalani». Volvían a aparecer los nombres de algunas de las empresas denunciadas por Carrió en 2008. Pero esta vez con informes concretos sobre cada una de las 51 obras entregadas a Báez.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques impulsaron la indagatoria de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un grupo de ex funcionarios. Aludieron a un «plan sistemático» implementado para «favorecer a Lázaro Báez». Afirmaron que los involucrados intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública, se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.

A fines de 2016, el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos. El fallo fue confirmado en septiembre de 2017 por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. Casación rechazó los planteos de la defensa. El 2 de marzo de 2018, el caso fue elevado a juicio oral.

El juicio y la condena contra Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 comenzó el juicio en mayo de 2019. Esa semana, Cristina Kirchner anunció que había decidido elegir a Alberto Fernández para que fuera presidente en una fórmula que iba a compartir con ella.

En agosto del 2022, el fiscal Luciani pidió que la entonces vicepresidenta fuera condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

Según los fiscales, hubo una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez antes del cambio de gobierno para coordinar el pago pendiente de obras.

Las defensas rechazaron las acusaciones. El defensor de la expresidenta, Carlos Beraldi, había recusado a los fiscales Luciani y Mola y a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. A Gimenez Uriburu lo acusó de haber jugado al futbol en los torneos de la quinta Los Abrojos que pertenece a Mauricio Macri. A Gorini, de haber ido al Ministerio de Seguridad a cargo entonces de Patricia Bullrich. Las recusaciones fueron rechazadas.

Y la propia Cristina Kirchner habló ante los jueces el 24 de septiembre del 2022 desde su despacho del Senado. «Si no era abogada hubiese estado en un estado de indefensión frente al alegato del fiscal», afirmó. Beraldi reclamó: «No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino».

A fines de 2022, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso la condenaron por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita.

«La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente», dijeron los magistrados del tribunal en su condena. Hablaban de los negocios de Los Sauces y Hotesur, investigados en expediente aparte.

También fueron condenados a seis años el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti. Cinco ex funcionarios de Santa Cruz recibieron penas de entre seis y tres años de prisión. Fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.