El fallo condenatorio de Casación afirma la posición de Cristina como líder opositora. Mientras, el gobierno negocia la reconfiguración de la Corte Suprema

Si algo dejó en claro la defensa que está haciendo Cristina Kirchner tras la sentencia condenatoria de la Cámara de Casación por la causa Vialidad es que, como ha ocurrido a través de toda su saga judicial y pelea contra el «lawfare», ha tratado de que los reveses en los tribunales consoliden su liderazgo político en el peronismo.

El día previo a la lectura del fallo -cuyo contenido condenatorio había sido ampliamente anticipado- Cristina preparó una de sus clásicas cartas públicas de descargo, en la que acusó a la justicia federal no sólo de animosidad en su contra sino, además de manejar las causas con un «timing» político.

Así, recordó que había sido convocada a su primera audiencia en plena campaña electoral de 2019 -en ese entonces, ella postulaba para la vicepresidencia acompañando a Alberto Fernández- y que luego se produjo una serie de audiencias que culminaron con la sentencia en primera instancia a fines de 2022 y la lectura de los fundamentos en marzo de 2023, justo en la etapa de definiciones de candidaturas para la elección presidencial.

La propia Cristina decidió, en aquel momento, un contra-ataque para restar potencia política al fallo judicial, al anunciar que renunciaría a toda candidatura. Y avisaba que, de esa manera, nadie podría acusarla de buscar la protección de fueros en el ámbito político. 

Esa línea argumental sobre la coincidencia entre las condenas en su contra y el calendario político fue retomada ahora por Cristina, quien hizo notar que el fallo de Casación llega justo en la fecha en que el Partido Justicialista tiene prevista la renovación de autoridades, y en la que la propia Cristina es quien cuenta con las mayores probabilidades de asumir como presidente del partido.

El miércoles, pocas horas después de lectura de la sentencia, Cristina avisó que se dirigía a un acto con mujeres en Moreno, sin hacer alusión a la cuestión judicial. Ya en los últimos días se venía mostrando hiperactiva, con recorridas por sedes partidarias y empresas industriales en el conurbano, y con un acto en la sede del sindicato metalúrgico. Para tratarse de alguien que avisó que no tiene intención de volver a ocupar cargos públicos, es una agenda política llamativamente recargada.

Lo cierto es que en el propio peronismo se está intensificando la versión de que Cristina podría volver a la puja electoral. Algunas versiones apuntan a su posible candidatura al Congreso en 2025 mientras que otros ya organizan el clásico «operativo clamor» para una postulación presidencial dentro de tres años. De hecho, el contrapunto público con Axel Kicillof por la presidencia del PJ tuvo ese trasfondo de pelea por el liderazgo partidario.

Ahora, este nuevo fallo condenatorio parece haber tenido una rara consecuencia política: las cosas volvieron a la «normalidad» en el peronismo. Kicillof ya no polemiza con Cristina sino que la defiende en público. Hasta dirigentes como Juan Grabois, que ha admitido públicamente situaciones de corrupción en gobiernos peronistas, salió a criticar la «persecución judicial» y ella, una vez más, retomó su argumento preferido: que el fallo tiene, en realidad, el propósito político de proscribirla eternamente.

Proscripción, de Lula a Donald Trump

Desde la primera vez que fue citada a Comodoro Py a declarar por el fallecido Claudio Bonadio en 2016, Cristina ha desarrollado una línea argumental de defensa: establecer una línea histórico-política para demostrar que no se la persigue por corrupción sino como un castigo por haber defendido intereses populares, y que su caso es la continuidad de lo que el siglo pasado les había ocurrido a líderes como Hipólito Yrigoyen y Juan Perón.

En sus alegatos, Cristina dijo que únicamente el Congreso, mediante el expediente de juicio político, es quien puede juzgar a un ex presidente. Explicó el concepto de «lawfare» como nueva forma de persecución política en tiempos en los que la ciudadanía ya no tolera los golpes de Estado tradicionales. Y recurrió a ejemplos de otros países para argumentar ese punto, sobre todo el caso de la prisión de Luiz Inácio Lula Da Silva.

Ese fue siempre el ejemplo preferido del kirchnerismo, porque tuvo un «final perfecto»: la justicia anuló el juicio por vicios procesales, Lula fue desproscripto y volvió a la presidencia, mientras el célebre juez Sergio Moro, que había liderado las acusaciones, cayó en el descrédito y fue, él mismo, objeto de denuncias judiciales.

Ahora, en un extraño giro ideológico, Cristina hasta se permitió sumar a la lista de perseguidos por el lawfare al mismísimo Donald Trump, a quien inscribe dentro de la categoría de líderes que anteponen los intereses nacionales.

Hubo un momento, sobre todo tras el intento de asesinato por parte de «los Copitos» -cuyo apodo, no por casualidad, Cristina acaba de aplicar a los jueces de la justicia federal-, en que el argumento oficial del peronismo pasó a ser que la absolución de Cristina era la verdadera garantía de paz social y que, mientras el «lawfare» estuviera en pie, Argentina estaría bajo el riesgo de violencia política.

La realidad es que todos los encuestadores que han medido la opinión pública sobre el tema reflejaron una cierta apatía y cansancio de la población respecto de la pelea del kirchnerismo con el poder judicial. Y, más aun, que apenas una minoría cree en la teoría del lawfare.

Ahora, con la nueva condena, queda la duda sobre si efectivamente Cristina quiere aprovechar esta instancia que le devuelve su aura de líder perseguida para contra-atacar y volver a postularse. Sería algo que entraría en contradicción con su promesa de 2022, cuando dijo que no se postularía para no darles el gusto al grupo Clarín y al macrismo, que no podrían acusarla de buscar cobijo en los fueros parlamentarios.

Pero lo que sí ha quedado en claro es que a lo que no pretende renunciar es a su influencia en la política nacional y su rol como líder e ideóloga del peronismo.

Un viraje en el discurso del lawfare

En realidad, la ley no le prohíbe a Cristina ser candidata ni ocupar cargos públicos hasta que no haya una condena definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia. Si se consideran los antecedentes cercanos de otros presidentes procesados, un fallo de ese tipo podría demandar muchos años de debate. Y, aun en el caso de una condena, resulta altamente improbable que Cristina, que hoy tiene 71 años, pise alguna vez un presidio.

Más bien, el punto en el que ella siempre ha enfatizado no es tanto el de la voluntad de que sus enemigos la quieran presa sino en el objetivo de mancharla con el descrédito público y proscribirla.

Su argumento, sin embargo, aparece hoy algo debilitado. Porque siempre Cristina estableció una conexión entre los grandes poderes económicos, una «derecha» política liderada por Mauricio Macri, los medios de comunicación con Clarín a la cabeza y un grupo de jueces en connivencia con el resto de esos actores.

Era un argumento que Cristina pudo desplegar en el pasado, sobre todo por la revelación de que jueces y fiscales involucrados en sus causas habían sido habitués de la residencia de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Y también estuvo el sonado escándalo del viaje de jueces federales a Lago Escondido junto a empresarios y directivos de Clarín.

Sin embargo, bajo el gobierno de Javier Milei parece ser un argumento que pierde algo de fuerza. Después de todo, el presidente ha demostrado tanto enojo con los medios tradicionales -incluyendo a Clarín y a La Nación- como la propia Cristina, y no ha ahorrado adjetivos –»ensobrados» es su preferido»- para dedicárselos a las principales figuras de esos medios.

La extraña coincidencia de Milei y CFK

De manera que resulta difícil equiparar a Milei con Macri en esa conexión del lawfare a la que históricamente aludió Cristina. Por otra parte, está la extraña coincidencia política entre la bancada legislativa de Milei y la del kirchnerismo, que se pelean por todos los temas menos uno: la aprobación al juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

En los últimos días, se incluyó en las negociaciones la posibilidad de que Milei acepte cambiar su propuesta original de que el juez Manuel García Mansilla complete la otra vacante, y que en su lugar el Senado apruebe a una mujer cercana a Cristina -suenan los nombres de María de los Angeles Sacnun y Graciana Peñafort-.

Se hace difícil mantener el discurso del lawfare cuando, al mismo tiempo, se coincide con un presidente en su común animadversión para con «la corporación mediática» y, además, se negocia la conformación de la Corte Suprema.

En realidad, tanto Milei como Cristina se han mostrado mucho más cómodos en el debate público de contenido económico, donde ambos ratifican sus condiciones de líderes de la opinión pública. Y hasta la polémica frase de Milei sobre su deseo de «meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina dentro» expresaba, en realidad, un explícito desafío a un enfrentamiento en las urnas, y no una amenaza de condena judicial.

Milei recién esperó al fallo de Casación para acusar,en un tuit, a la ex presidente de culpable de actos de corrupción. De todas formas, todavía no está claro que eso pueda implicar una «guerra» comparable con la que enfrentó a Cristina con el macrismo. De momento, el kirchnerismo se sigue centrando en la acusación a los mismos «factores de poder» con los que Milei está enfrentado.