El kirchnerismo presiona para que Diputados dé la media sanción que falta al proyecto de ley para una nueva moratoria previsional. Tibio apoyo de Massa

Argentina tiene la mayor cobertura previsional de América Latina: cerca del 95% de los adultos en edad de jubilarse cuentan con un pago mensual que les garantiza, al menos, $50.110 pesos al mes. Casi 7 millones de personas percibieron una jubilación o pensión el año pasado y, según el Presupuesto de este año, se destinarán unos $9 billones (cerca de 6,1 puntos del PBI) para que lo hagan 7.124.285 personas. Sin embargo, apenas 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres que cumplan la edad de retiro (65 años para hombres y 60 para mujeres) contará con los años de aportes necesarios para jubilarse en 2023.

Por ello, la directora de Anses, Fernanda Raverta, una de las principales figuras del kirchnerismo en el Gobierno nacional, impulsa desde el año pasado un proyecto de ley para regularizar aportes por años trabajados hasta 2008, que permitiría a 500.000 personas que no cuentan con los años suficientes puedan jubilarse en 2023, y que otras 300.000 lo hagan en 2024.

Si bien el proyecto se aprobó en el Senado el 30 de junio de 2022, todavía debe pasar por la Cámara de Diputados, donde la oposición decidió que no dará quorum para tratar proyectos del oficialismo, siempre que se mantenga en pie la voluntad de avanzar con un juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Hay que ver qué pasará en el Congreso en el año electoral.

Ahora bien, también existe la pregunta de si, a pesar de haberle dado su apoyo en público, el ministro de Economía, Sergio Massa, está de acuerdo en impulsarlo activamente. Por ahora, se lo escuchó hablar poco sobre la propuesta. Es que la magnitud del proyecto despierta dudas sobre de si compatible con el objetivo de reducir el déficit primario -de 2,4 puntos del PBI en 2022 a 1,9 puntos en 2023- que fija el acuerdo con el FMI ¿Hay margen fiscal para afrontar un programa de estas características? ¿Está contemplado realmente en el Presupuesto de este año?

Las moratorias vigentes y el tiempo que se acaba

En la actualidad, hay dos moratorias en ejecución para regularizar aportes por años trabajados: la Ley 24.476 (1995), que permite «comprar» años trabajados hasta el 30 de septiembre de 1993, y la Ley N° 26.970 (2014), que extiende la regularización de aportes hasta el 31 de diciembre 2003. El problema es que la cantidad de gente en edad de jubilarse que trabajó antes de 2003 siendo mayor de edad es cada vez menos, por lo que ya casi no alcanzan estas moratorias para cumplir con los 30 años de aportes que se requieren.

«Si no se aprueba el proyecto, las personas que más sufrirían serían las mujeres de entre 60 y 65 años, que no tienen cobertura de la PUAM -Pensión Universal al Adulto Mayor, que otorga un 80% del haber mínimo a personas de más de 65 años- y son las que más se jubilan gracias a las moratorias. Pero, aun si se aprobara este proyecto, la tasa de cobertura va a tender a bajar con el tiempo nuevamente», señaló a iProfesional Carlos Martínez, economista especializado en temas previsionales e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento. «Lo que se hace es abrir una ventana de años para comprar años de aportes, pero no es la solución. La gente que no tiene aportes va a volver a quedar afuera, de acá a un par de años», afirmó.

El kirchnerismo impulsa una nueva moratoria previsional para garantizar cobertura a más adultos mayores.

Sobre este punto, Raverta dijo días atrás en una reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en la que casi no hubo opositores al oficialismo, que «sin la ley de pago de deuda previsional, el 90 por ciento de las mujeres no podrá jubilarse».

El proyecto: números, impacto fiscal y financiamiento

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), unas 494.242 personas podrían darse de alta por moratoria de la prestación por vejez durante el primer año de ejecución del plan. Casi 8 de cada 10 de esas nuevas jubilaciones (78,3%) serían mujeres. Para el siguiente año, las altas rondarían las 225.409 personas, de las cuales el 56% serían mujeres. En total, 719.651 personas estarían en condición de jubilarse gracias al programa en los primeros dos años.

En su primer año de aplicación, la moratoria supondría un impacto fiscal de 0,27 puntos del PBI, según la OPC, siempre que un porcentaje de trabajadores en edad activa decida empezar a «comprar» años de aporte previsional, lo cual morigeraría el costo fiscal. Mientras tanto, el segundo año de ejecución del programa implicaría una transferencia de recursos por 0,15 puntos del PBI adicionales. En total, el costo acumulado de los primeros dos años significaría al Estado una partida equivalente a 0,42 puntos del PBI.

Es que si el proyecto se aprobara, aumentaría la cantidad de beneficiarios, ya que anticipa en 5 años el pago del beneficio a mujeres (pudiendo acceder a partir de los 60 en lugar de los 65 establecidos en la PUAM); representaría un aumento del gasto presente del Sistema Previsional, al permitir el acceso a una prestación de mayor cuantía; y tendría impacto a futuro, por efecto del tiempo futuro en el que se devengaría la prestación.

Al respecto, la titular de Anses dijo en Diputados: «El presupuesto para esta ley ya se discutió en el Congreso y se asignó. Por lo tanto, el argumento de la erogación presupuestaria ya está saldado». Pero, ¿esto es realmente así?

Según confirmó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) a iProfesional, «no está incorporado el gasto asociado a 800.000 nuevos beneficiarios» en la asignación de recursos, como dijo la titular de Anses que podrían jubilarse en 2023. «No solamente no figura la cantidad de plata asociada a estos pagos, sino que tampoco aparece la cantidad de beneficiarios de jubilados y pensionados en los subprogramas de moratorias», señaló Güido Ragnugni, vicepresidente de ASAP. «Podría pasar que haya una reserva de crédito, o sea, de autorizaciones de presupuesto para afrontar este pago. Pero seguro no está en los subprogramas presupuestarios creados para el fin de moratorias», agregó.

Existe, aun así, una forma de salvar esta falta de previsión presupuestaria. «Desde hace más de 10 años, las diferencias entre la proyección del Presupuesto de inflación y crecimiento y las que efectivamente ocurren permiten que, a fin de año, se incorporen recursos a través de un DNU. Una parte muy grande de esos fondos suelen destinarse a la Anses. Probablemente, en ese acomodo, podrían sumarse partidas para aprobar altas previsionales», aclaró Martínez.

Massa, ante el dilema de incrementar los recursos previsionales o profundizar el ajuste.

Massa y el dilema de cumplir, o no, con el FMI

El último informe de revisión de metas del FMI señaló que, para alcanzar el déficit de 1,9% este año, el Gobierno se comprometió a ajustar múltiples partidas. Entre estas, la de jubilaciones, en la que se recortarían 0,2 puntos del PBI. No es difícil entender que una expansión de casi 0,3 puntos que supone el proyecto de ley va en contra de estos lineamientos, e incluso de cómo piensa el propio Gobierno cumplir con las metas fiscales de 2023.

Semanas atrás, en una de sus pocas declaraciones sobre este tema, Massa dijo que el Presupuesto 2023 cuenta con una asignación para «jubilar casi 700 mil personas». «Nos podemos encontrar frente a la paradoja de que tengamos el recurso autorizado, pero la gente no pueda acceder a la jubilación. Nos haría caer tasa de cobertura», dijo Massa en una entrevista con Perfil. Y agregó: «Lo que no nos puede pasar es que tengamos recursos para la seguridad social y que quien tiene que acceder a ese derecho no pueda acceder».

La verdadera paradoja del ministro, sin embargo, es que cada vez cuesta más que su compromiso de que la inflación «arranque con 3 en abril» se haga realidad. En un año electoral, con la peor sequía en décadas y con la obligación de cumplir un acuerdo incumplible con el FMI, Massa afronta la posibilidad de que el sistema previsional, que le insume al Tesoro nacional 4 de cada 10 pesos que gasta, le dé esta vez «un respiro» en su programa fiscal.