Duro informe de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins: en Formosa hubo medidas “abusivas e insalubres”

El reporte informó que más de 24 mil personas permanecieron confinadas en lugares donde permanecieron “hacinadas” y sin una atención sanitaria adecuada. También lanzó críticas a la Secretaría de Derechos Humanos La estrategia del Gobierno de defender la situación humanitaria en Formosa se encuentra cada vez más acorralada, ahora son los organismos internacionales, quienes se hacen eco de lo que viene sucediendo en la provincia norteña desde el comienzo de la cuarentena, y repudian las acciones tomadas por la gestión de Gildo Insfran.

Humans Rights Watch y la Universidad de Johns Hopkins dieron a conocer una investigación en la provincia basada en 45 llamadas telefonicas, realizadas entre los meses de enero y marzo, de las cuales 30 de ellas habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas.

La mayoría de los entrevistados tenía algo en común: todos temían sufrir represalias por lo que accedieron a dar su testimonio de forma anónima para que el Gobierno de Insfrán no pudiera identificarlos.

Un punto preocupante del informe es la denuncia por parte de las organizaciones de que el Gobierno formoseño haya “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.

recluidas, con resultados positivos de Covid-19, junto con otras que contaban con resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. “En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, apuntaron.

También se mezclaban a las personas que compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños. “Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo”, indicaron.

“Las restricciones de otros derechos, como el derecho a la libertad y la libertad de circulación, expresión y asociación, podrían resultar permisibles en un contexto de emergencia de salud pública como el que supone una pandemia, pero deben tener un claro fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo de salud pública que se persigue, tener una duración limitada, estar sujetas a revisión, y su aplicación en la práctica no puede ser arbitraria ni discriminatoria”, alerta el informe.

Críticas a Horacio Pietragalla

El informe también hace mención al escaso trabajo que hizo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en la provincia de Formosa para investigar las violaciones a los derechos humanos en al provincia. Según la información brindada por la oficina de Pietragalla, la secretaría de Derechos Humanos “solamente visitó la ciudad capital de Formosa y no se trasladó hasta Clorinda”.

“Aunque las autoridades de Formosa confirmaron a Human Rights Watch que habían establecido 188 centros de aislamiento y cuarentena en la provincia, el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos. En el Estadio Cincuentenario, el centro más grande, entrevistaron a personas encargadas de la atención sanitaria del lugar, pero no a individuos confinados allí”.

A su vez, según el informe, tras la visita de Pietragalla a la provincia “siguieron produciéndose abusos“. “La respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas, señalaron Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins”, concluyó el comunicado.