Más de cinco meses lleva la toma ilegal de terrenos detrás de Parque La Vega. Hay una mediación judicial, pero sin resultados concretos.

El asentamiento San Calixto, ubicado detrás de Parque La Vega. Pablo Yapura

Diputados salteños se manifestaron en contra de la toma ilegal de terrenos, sean estos privados o de dominio público, como en el caso del asentamiento San Calixto, ocupado de forma ilegal desde hace más de cinco meses. Los legisladores apuntaron a la Justicia por el tiempo que llevan las mediaciones y reclamaron con celeridad una resolución definitiva. Está claro que hay vistas gordas a un delito que se enquista.

El diputado Gustavo Orozco, acérrimo defensor de la propiedad privada, expresó que «los usurpadores no tienen que tener derecho a ninguna negociación, deben ser tratados como usurpadores», en referencia a la mediación judicial vigente.

Para él, los fiscales deberían dejar de pensar en las situaciones contrarias que se les podría presentar en lo mediático y resolver. «La Justicia tiene que ponerle fin a esto con un desalojo, si hay gente que tiene que ir presa, tiene que ir, no te podés meter en un terreno así porque sí», sentenció Orozco, remarcando que «por más que sea del Estado (la tierra), también es propiedad privada».

El diputado de Rosario de la Frontera consideró que «hay situaciones políticas que no permiten resolver» la usurpación y que el Gobierno provincial debe poner en marcha un plan para tratar de dar soluciones a la gente que no puede acceder a un terreno.

En tanto, la diputada provincial Gladys Moisés hizo hincapié en que el «tiempo es fundamental» porque cuanto más demora la resolución de un conflicto más se agrava. Si dejar que transcurra el tiempo era una estrategia de desgaste, no le parece correcta y en su opinión no ha dado resultados porque las tierras siguen ocupadas.

Para Moisés, lo primero que habría que hacer es un relevamiento para ver cuál es la real situación de la gente. «No creo que todos los que están ahí tengan idéntica situación», dijo. También se refirió a la actuación de la Justicia: «Lamentablemente en Salta a pesar de que se diga lo contrario, desde marzo hasta la fecha está paralizada».

El diputado Andrés Suriani acotó que en el caso del asentamiento ubicado detrás de Parque La Vega «es lamentable la ausencia del Estado, que no es culpa de este gobierno». Dijo que es un problema que se arrastra desde hace varios años, inclusive que hubo funcionarios a cargo del área de tierras presos.

Para Suriani, es un problema de la Justicia que «no es capaz de recoger el guante de la situación y está esperando órdenes al parecer, no sé, del poder político», por lo que consideró que la «Justicia tiene que animarse a ejercer la justicia como corresponde». También habló de la falta total de apego a la legalidad.

El diputado Javier Diez Villa se remontó a cuándo y cómo empezó y quiénes fueron los sectores políticos que participaron e incentivaron la toma, nombrando al exdiputado Juan Emilio Ameri, envuelto en un escándalo sexual que le costó su banca, además de partidos de la izquierda. «Creo que son prácticas que tenemos que terminar en esta época, tenemos que ser respetuosos de la propiedad privada y gestionar las necesidades ante las autoridades», indicó.

Mencionó que la Provincia, pese a la pandemia, se hizo cargo del tema y lanzó el plan provincial Mi Lote que se irá desarrollando paulatinamente y con más intensidad a partir del año que viene. Diez Villa sostuvo que los tres poderes del Estado tienen que ser muy claros respecto de lo que es el derecho de la propiedad privada y ante la comisión de un delito tiene que actuar la Justicia. «El Poder Judicial en este caso, sin lugar a dudas, tiene que hacerse eco de esta situación y resolver con forme a derecho», finalizó.