Massa anunciaría el próximo martes los niveles de aumentos que tendrán las tarifas, pero en Salta rige una resolución cautelar que dictó el Enresp con seis condiciones para proteger los derechos de los usuarios.

Tal como lo adelantó El Tribuno en su edición de ayer, el nuevo gabinete económico de la Nación empezó a definir el pasado domingo, con apenas la mitad del padrón cargado, los precios que regirán para los tres niveles de la segmentación tarifaria de la energía eléctrica. Si bien la quita de subsidios impactará en el costo del abastecimiento y no en el de la distribución, único rubro del servicio que se rige por una concesión provincial, Edesa no podrá modificar las facturaciones en Salta mientras el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) mantenga la cautelar que dictó el pasado 30 de junio para evitar que las desprolijidades de la segmentación se traduzcan en vulneraciones de derechos de los usuarios.
El corte que se aplicó el fin de semana último, con miles de usuarios sin inscribirse, fue una muestra más del desorden y las improvisaciones que el titular del Enresp, Carlos Saravia, describió en los considerandos de la resolución 830, con la cual ordenó a la distribuidora abstenerse de modificar la facturación a usuarios de la provincia con automáticos de afectación económica que encuentren causa en el nuevo régimen de segmentación tarifaria implementado sobre el rubro abastecimiento, hasta tanto el Ente verifique el cumplimiento de una serie de condiciones exigidas en la disposición cautelar.

Anunciarán otro cambio 

Fuentes del Palacio de Hacienda adelantaron ayer que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciará el próximo martes los niveles de aumentos que tendrán las tarifas de la electricidad en distintos puntos del país, “ya que se buscará respetar las particularidades de cada región”, indicaron con respecto a un nuevo cambio. “No es lo mismo utilizar 400 kilowatts en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que en el Noreste del país, donde se cocina con electricidad”, remarcaron las fuentes, en línea con una brecha que este diario marcó ayer en relación con la situación energética de Chaco, Formosa y otras provincias del NEA que, sin gas por redes y con las garrafas por las nubes, tienen un generalizado uso de cocinas, termotanques, calefones y calefactores eléctricos que elevan los consumos de muchos hogares por encima de los 400 kw. Ese es el tope mensual que Massa anunció el pasado miércoles como límite para la imposición de la tarifa plena. En esa presentación el flamante ministro manifestó que 4 millones de hogares que no presentaron las declaraciones juradas ante el registro creado para la segmentación “serán el primer corte” y quedarán sin subsidios, lo que encarecería sus facturas entre un 120 y un 150%, de acuerdo a estimaciones que aún despiertan muchas dudas, como casi todos los anuncios y cambios que se encadenaron en los últimos dos meses sin ser acompañados por los correspondientes actos administrativos. 
El pasado miércoles, Massa agregó un nuevo criterio a la segmentación al anticipar que “entre los más de 9 millones que sí pidieron mantener el subsidio se va a promover el ahorro por consumo. En luz se subsidiará hasta 400 kilowatts, en materia de gas la quita seguirá la misma lógica y en agua la aplicación de la quita por segmentación se iniciará en septiembre”, puntualizó. 
En el caso concreto de la energía, una vez que el Gobierno nacional tenga definidos oficialmente los nuevos precios del abastecimiento, la distribuidora Edesa -en el marco de lo que establece el Contrato de Concesión firmado con la Provincia- deberá calcular el cuadro tarifario de aplicación y presentarlo al Enresp para su verificación y aprobación. La resolución que firmo Saravia el pasado 30 de junio, además, dejó supeditada la autorización a seis condiciones. Una es la suscripción de un convenio con el poder concedente de la Provincia de Salta.
Otra es la remisión por parte de la autoridad nacional de aplicación del régimen de segmentación -con una antelación razonable y por períodos mensuales- de los padrones de usuarios con encuadres en los estamentos socioeconómicos fijados por el decreto nacional 332/2022 e indicación concreta de los niveles de subsidio que se les asignará en cada caso.
El Enresp también reclamó un encuadre directo y automático en el nivel 2 de la segmentación para cerca de 109.000 usuarios que en la provincia son beneficiarios de la tarifa social. Este planteo acaba de ser aceptado por la autoridad nacional de aplicación. 
El Ente, además, requirió que queden clara y oficialmente determinadas la modalidad de administración y el cruce de datos de usuarios comprendidos en la operatoria de segmentación, al igual que los protocolos de incorporación o exclusión a futuro de beneficiarios. 
Otra condición fijada es la notificación al Enresp de los precios estacionales de la energía para las diferentes categorías y la aprobación del cuadro tarifario para ser aplicado, según el nuevo régimen de otorgamiento de subsidios. 
La resolución cautelar también exige garantías de acceso al registro de la segmentación para la totalidad de usuarios de la provincia y de información adecuada y veraz sobre la operatoria de segmentación, en consonancia con precedentes sentados por la Corte de Justicia de la Nación.

Grandes distorsiones

Más allá de la segmentación, la tarifa eléctrica presenta grandes distorsiones que se evidencian en el cuadro gráfico que acompaña esta nota. Edesur y Edenor tienen las tarifas más bajas por monumentales subsidios en el costo mayorista. Estos representan casi el 50% del rojo de $422 mil millones que tiene Cammesa. Las discrecionalidades políticas también explican por qué Córdoba, que era en 2021 la provincia con la tarifa más alta, fue desplazada de esa posición por Tucumán. Un análisis semejante se desprende con respecto a La Rioja, que dejó de ser la provincia con la tarifa más baja.
Salta, a su vez, aparece entre las provincias donde el costo de distribución tiene mayor impacto (51%) en la tarifa. Analistas relacionan la posición con el relegamiento que tiene la provincia en obras de infraestructura eléctrica, lo que se traduce en mayores gastos de mantenimiento y costos operativos. Además, a diferencia de otras jurisdicciones, los datos de Salta de junio último tienen incluida la última suba autorizada en el servicio de distribución. Más allá de esos factores, la distribución ganó peso en la tarifa eléctrica durante el anterior gobierno provincial.