El oficialismo aún no logra asegurarse el quorum para convocar en el Senado a una sesión y tratar 75 pliegos judiciales. En tanto, la Cámara Baja reactiva el proceso contra el máximo tribunal con dos citaciones de alto perfil.

Este martes 1° de agosto, luego de dos semanas de casi nula actividad parlamentaria por el “receso invernal”, el Congreso debería volver a funcionar. En el Senado, el kirchnerismo sigue sin conseguir el quorum para sesionar y aprobar más de 70 pliegos judiciales, se le acaba el tiempo y la Cámara Alta no tiene actividad agendada para los próximos días. En la Cámara de Diputados el oficialismo reactiva la comisión de Juicio Político para avanzar contra la Corte Suprema y regresan los cruces con la oposición.

A media tarde de este lunes, había en el Senado solo 5 legisladores. Hay un dato que refleja las dificultades para que la Cámara Alta funcione: de todas las comisiones, la única que tenía prevista actividad era Banca de la Mujer, que iba a reunirse este martes a las 15. El fin de semana se decidió suspender el encuentro.

Según indicaron fuentes parlamentarias a este medio, no estaba garantizado el quorum siquiera para la comisión. No había más actividad parlamentaria formal prevista para la semana. En la agenda solo hay para los próximos días un acto gremial, una presentación de proyecto del radical Eduardo Vischi y una presentación de un libro solicitada por el opositor Juan Carlos Romero.

El oficialismo no abandonó la intención de convocar a una sesión antes de las PASO pero, pese a las negociaciones, sigue sin tener garantizado el número necesario para reactivar el recinto. Cómo contó este medio, entre senadores propios y aliados recurrentes el Frente de Todos tiene 34 legisladores “casi” asegurados: casi, porque en pleno año electoral y con los números tan ajustados tampoco es sencillo asegurar la presencia de todos ellos.

Pero hay tres senadores que son determinantes y hasta ahora siguen sin garantizar que acompañarán. Guillermo Snopek y Edgardo Kueider, que forman parte de Unidad Federal (senadores que rompieron con el bloque oficialista en febrero) y Alberto Weretilneck, de la fuerza provincial Juntos Somos Río Negro, que suele tener buena relación con el Gobierno nacional, independientemente del color político.

Snopek recibió una parte de lo que pedía: será candidato a diputado nacional en Jujuy de Unión por la Patria, y su lista acompañará la boleta presidencial de Sergio Massa.

Al menos hasta este lunes y aunque tuvo charlas con el jefe oficialista José Mayans, el entrerriano Kueider no tuvo respuesta satisfactoria a su pedido de avanzar en el dictamen de un proyecto para reducir tarifas eléctricas por medio de una baja impositiva. Un dictamen no es una ley y en caso de que Kueider exigiera llevarla al recinto igual debería pasar luego a Diputados. No hubo, por ahora, ni siquiera convocatoria a la comisión de Minería, Energía y Combustibles, que es donde está la iniciativa.

Por otra parte, cerca de Weretilneck, que ya fue electo gobernador de Río Negro y asumirá en diciembre, dejaron trascender que no estaría dispuesto a dar quorum para una sesión que se limite a la aprobación de pliegos judiciales. “Bien podría estar haciéndose el duro para negociar algo más grande, pero no es claro”, interpretaba un hombre de experiencia en la Cámara.

El oficialismo tiene dos fechas que mira con preocupación: el 9 de agosto la jueza Ana María Figueroa -camarista clave para el futuro judicial de Cristina Kirchner- cumple 75 años y deberá jubilarse. El 13 de agosto son las PASO y dependiendo del resultado podría modificarse la forma en que se negocie en la Cámara Alta.

En Juntos por el Cambio hay quienes creen que el kirchnerismo está más preocupado por la fecha de la elección que por la del cumpleaños de la jueza. No es el único pliego bajo la lupa opositora. Entre otros está el de Juan Rafael Stinco, un abogado ligado a Axel Kicillof.

“Hay que ver la película, no son solo los nombres. El 90% de los nombramientos tienen una afinidad con la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados, cercana al peronismo y a los K. Pesa en la elección de miembros de la Magistratura. El kirchnerismo está buscando refugiarse en Diputados, el Senado y la Magistratura. Cristina no está viendo el 9 de agosto, está viendo el 13 y no sabe qué puede pasar después de la elección”, analizaba un senador de JxC.

Diputados

Aunque a priori en Diputados recién prevén una sesión para después de las PASO -la oposición ya convocó para el 23 de agosto tratarla las reformas de la Ley de Alquileres, a pesar de que nadie tiene garantizado los números-, ya hay actividad prevista para esta semana. Y se esperan cruces.

Este martes volverá a reunirse la comisión de Juicio Político, en la que el oficialismo avanza contra los miembros de la Corte Suprema, aunque sabe que no tendrá los números para llevar la acusación al recinto. Los convocados para la primera reunión tras el receso invernal son de alto perfil.

Uno de los citados es Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. El otro es Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA. El kirchnerismo los acusa de negociar el fallo a favor de la Ciudad en la disputa por la coparticipación con el Ejecutivo nacional.

En el Frente de Todos creían este lunes que Robles asistiría a contestar las preguntas de los diputados. En el Palacio de Tribunales no había, sin embargo, confirmación. No se esperaba, por otra parte, la presencia de D’Alessandro que, según indicaron en su entorno, pidió reprogramar la fecha. El oficialismo podría reclamar en ese caso a la Justicia que lo obligue a comparecer. En cualquier caso, se prevé tensión y cruces en el encuentro de este martes.

Por otra parte, el miércoles se reunirá las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde el oficialismo busca avanzar con una modificación de la ley de protección de datos personales. También se producirán choques: JxC acusa al Frente de Todos de apurar una norma clave, a solo 5 meses del cambio de gobierno y buscar complicar el acceso a la información de funcionarios.