El Gobierno buscará avanzar con la reforma judicial en el verano

Las dos iniciativas pendientes, que ya fueron aprobadas por el Senado y que están en la Cámara baja son la ley de reforma judicial, que prevé crear 46 juzgados federales nuevos en la Capital Federal, incluyendo a los 12 actuales de Comodoro Py 2002, y la ley que prevé flexibilizar las mayorías necesarias para elegir al procurador general de la Nación.

La primera es uno de los proyectos que Alberto Fernández presentó en la Casa Rosada como uno de los pilares de su gestión, con el que busca desconectar a los servicios de inteligencia de los tribunales, despolitizar la Justicia y quitar incidencia a los jueces de Comodoro Py 2002. En la práctica diluye el poder de Comodoro Py y multiplica los nuevos tribunales a partir de la fusión de los 12 juzgados del fuero Criminal y Correccional con los 11 del Penal Económico. Esta cifra se verá duplicada con la creación de 23 nuevos tribunales, elevando así a 46 juzgados el fuero Federal porteño. Las causas que se inicien una vez sancionada esta reforma recaerán en los flamantes tribunales, que serán ocupados por jueces subrogantes por un plazo de un año, prorrogable por seis meses más, hasta que se realicen los concursos para elegir a sus titulares.

La otra ley que se prevé que podría tratarse en el verano es la que plantea la reforma del régimen del Ministerio Público Fiscal y la manera de elegir procurador. El kirchnerismo impulsó un cambio para poder elegir procurador, el jefe de todos los fiscales, porque no logra conseguir los dos tercios necesarios en el Senado. Para ello no le alcanza su mayoría y debería convencer a la oposición.

Por eso impulsó una nueva ley que flexibiliza la mayoría necesaria en la Cámara alta para elegir al nuevo procurador general de la Nación y limita el mandato del jefe de los fiscales a cinco años, con posibilidad de una reelección en el cargo. El kirchnerismo impuso su mayoría en el Senado. La principal modificación impulsada por el kirchnerismo para la elección del jefe de los fiscales consiste en la eliminación de los dos tercios de los votos requeridos para que el Senado dé su acuerdo al candidato elegido por el presidente. En cambio, a partir de ahora alcanzará con reunir la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara alta, la mitad más uno de los miembros, un número más accesible para el oficialismo.

El proyecto aprobado por el Senado reduce el mandato del procurador a cinco años, prorrogables por otros cinco.

Otro de los cambios, que es resistido por los fiscales, plantea un régimen disciplinario donde basta el voto de la mayoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público para suspenderlos si es que son denunciados. Esto implica que virtualmente quedarían todos en comisión si se animaran a investigar al poder. El Gobierno se mantendrá firme en la idea de cambiar las mayorías necesarias para elegir procurador (una cuestión que Alberto Fernández terminó por aceptar, aunque no estaba convencido), pero ofrecerá modificaciones en el régimen disciplinario de los fiscales.

También resiste la idea de que el procurador sea reelegido, porque eso posibilitaría que los últimos años de su mandato trabaje para la política para renovar su cargo. Por eso se inclinan por la idea de alargar el mandato a 7 años, sin reelección inmediata.

El Gobierno deberá negociar estas modificaciones con el bloque del gobernador Juan Schiaretti y el de José Luis Ramón, si es que quiere que prosperen. Le faltan seis votos, dicen en el Congreso. La oposición, en cambio, estará atenta y no está dispuesta a negociar ni media letra de estos proyectos. Si se aprueban, que sea dejando en evidencia el voto de los aliados, señalan en Juntos por el Cambio, que se juegan a que la reforma judicial quede congelada a cambio de que prosperen los cambios en la ley del procurador.