La Agencia Nacional de Discapacidad descubrió serias irregularidades y posibles fraudes. Su director aseguró que los beneficios legítimos no se verán afectados.

El Gobierno Nacional comenzó una exhaustiva auditoría sobre 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral otorgadas en los últimos años en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, está al frente de esta iniciativa tras detectar serias irregularidades en la concesión de estos beneficios.

Según informó Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, la auditoría reveló que solo el 7% de los casos analizados hasta el momento cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

“Nos encontramos con situaciones que son inaceptables, como el uso de una misma radiografía en cientos de expedientes e incluso la presentación de imágenes de un perro para justificar la invalidez laboral”, explicó Spagnuolo. Estos hallazgos han generado una denuncia penal que está siendo investigada por la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán.

La medida se implementa paralelamente a la investigación oficial que había revelado “un esquema de corrupción” en la gestión de estas pensiones durante el gobierno anterior. Spagnuolo afirmó que el Gobierno no tiene intención de retirar los beneficios a quienes realmente los necesitan y cumplen con los requisitos, pero advirtió que los casos fraudulentos serán cancelados inmediatamente.

La cifra total de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en el país supera el 1.250.000, y se sospecha que alrededor de 500.000 de estas pensiones podrían haber sido otorgadas de manera fraudulenta. Esta situación ha llevado al Gobierno a tomar medidas drásticas para revisar todos los expedientes y asegurar que las pensiones sean entregadas únicamente a quienes realmente lo necesitan.

La Casa Rosada ha manifestado su firme decisión de corregir los errores del pasado y evitar que el sistema de pensiones sea utilizado como una herramienta política o de favoritismo. “Con estas auditorías, buscamos dar transparencia al sistema y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”, concluyó el funcionario.