Nota extraída de Infobae por Manuel Adorni

El año que viene tendrá serios desafíos en materia de deuda, en materia social y en materia económica, desafíos estos que al menos por ahora, no parecen estar en la agenda de la administración Fernández

Esta semana el Presidente Alberto Fernández participó en un acto preparado para reivindicar los “logros” de los tres primeros años de gestión –que se cumplieron el pasado 10 de diciembre. En un ambiente marcado por la soledad y el abandono, con poca presencia K y la presencia de un solo gobernador, el primer mandatario intentó rescatar algunos hechos de su gestión intentando escapar –al menos en lo discursivo– de los múltiples fracasos de los últimos años.

Lejos estuvo el Presidente de tener en consideración algunos temas relevantes.

Omitió referirse a los tres dígitos de inflación anual a los que de a poco se aproxima la Argentina, a como en su gestión se ha multiplicado unas cinco veces el valor del dólar, a como se ha incrementado la pobreza, a como existen 4 millones de personas indigentes, a como nos hemos alejado del mundo o como muchos de los muertos por Covid fueron responsabilidad de la pésima gestión de la pandemia que él y su premiado ex ministro de Salud, Ginés González García, han llevado adelante.

Tampoco se ha referido a como ha llevado los niveles de deuda a niveles records, ni a como los jubilados cobran menos de 180 dólares –mientras terminaron de transformar al Anses en una gran caja de subsidios y modificaron la “Ley de movilidad jubilatoria” de tal manera que no contemple la inflación–, ni como el 90% de los ingresos de la gente que trabaja es menor a los 500 dólares.

Tampoco hizo hincapié en la nefasta ley de alquileres que ha destruido el mercado inmobiliario y que nadie parece estar muy motivado en querer derogarla. Nada de esto parece ser parte en la realidad paralela por la que transita el Presidente ante cada uno de sus discursos.

Entre tanta algarabía oficial por lo aparentemente logrado hasta aquí, parece que nuevamente atravesaremos un fin de año cargado de bonos y subsidios. Ya se había anunciado meses atrás el bono mensual de $10.000 a los jubilados que cobren el haber mínimo.

También se había ejecutado el bono de $45.000 a los “más vulnerables”, una especie de subsidio para los que por alguna razón, no cobran ninguno. Ahora el gobierno ha finalmente consolidado su esquema navideño con dos nuevos pagos: uno al sector privado y otro para todos aquellos que reciban los planes sociales denominados “Potenciar Trabajo”. El adicional que compulsivamente deberá abonar el sector privado será para todas aquellas personas que cobren menos de 185.000 pesos.

Lo interesante de esto es que se obliga a todos los empleadores a pagarlo, sin importar sus condiciones particulares ni sus posibilidades. Para el Gobierno todos tienen la capacidad de afrontar este pago adicional que nadie tenía previsto hasta ahora. El nivel de desidia muchas veces parece no parece coquetear con ningún límite.

El bono a los empleados privados contiene algunas paradojas que le dan en condimento perfecto para que el populismo pueda expresarse con su máximo esplendor: por un lado, prometen que el mismo estará exento de pagar el impuesto a las ganancias, extraña aclaración ésta cuando quienes los van a cobrar ya de por si no se encuentran alcanzados por el impuesto.

Por otro lado –y más allá de la inequidad de creer que todos los empleadores tienen la misma capacidad económica– privan con este pago compulsivo que los propios empleados, de manera directa o a través de sus sindicatos puedan negociar de mutuo acuerdo un plus de fin de año mayor a los $24.000 pesos que el gobierno ha estipulado como tal. Todo parece ser parte de un gran desorden de ideas de otros tiempos.

El bono a los beneficiarios del plan “Potenciar Trabajo” (que se iba a denominar “aguinaldo” pero que el gobierno entendió que ese rótulo generaría más problemas con el humor social) será de $13.500 y recaerá sobre 1.350.000 personas.

A pesar de que muchas de ellas poseen el beneficio bajo condiciones irregulares (ya sea por haber comprado dólares en el mercado oficial, por tener propiedades, automotores y/o hasta embarcaciones o por otras razones incompatibles con el beneficio) la justicia entendió que había que seguir abonándolos.

Este adicional que se les transferirá a quienes cobran planes sociales implicará una erogación cercana a los 18.250 millones de pesos que por supuesto pagaremos entre todos, con impuestos, con inflación o con endeudamiento.

Mientras tanto en el mercado de deuda Sergio Massa libraba horas atrás su propia batalla de fin de año: logró refinanciar cerca de 410.000 millones de pesos que vencían esta semana y logró además hacerse de otros 380.000 millones para lograr cerrar el año fiscal y con esto poder cumplir con las metas de emisión del BCRA.

Lo alarmante resulta que prácticamente el 98% de lo adjudicado vence antes de las elecciones del año próximo: nadie cree que a partir de Septiembre del 2023 la Argentina sea la misma.

El año que viene tendrá serios desafíos en materia de deuda, en materia social y en materia económica, desafíos estos que al menos por ahora, no parecen estar en la agenda del gobierno.