martes, octubre 1

El Gobierno le prometió al FMI reforzar el ajuste y anticipó un período de crisis para estabilizar la economía

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El equipo económico selló la instancia técnica de la séptima revisión, que deberá pasar por el directorio para liberar US$4700 millones. La advertencia de Caputo sobre la Ley Ómnibus y las claves del entendimiento que se conoció este miércoles por la noche.

Tras seis días de conversaciones entre los distintos equipos técnicos, la Argentina y el FMI alcanzaron un acuerdo técnico para completar la séptima revisión del acuerdo con la Argentina. Lo anunció primero el Fondo a través de un comunicado y luego lo ratificó el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa, acompañado por el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

El entendimiento es el primero de la era Milei y, tal como ya había adelantado el propio Presidente y sus ministros, reafirma que el programa del Gobierno tiene una fuerte impronta fiscal y reitera que para que mejoren las variables macroeconómicas primero se atravesará un período de crisis.

Caputo aclaró que este acuerdo en realidad, no es nuevo, sino que se trata de “reflotar” el anterior. Es decir, que se reacomodaron las metas anteriormente incumplidas y que por eso se destrabarán fondos ya previstos en el plan con el organismo.

De acuerdo con lo que informaron oficialmente Economía y el FMI, se destrabaría un desembolso de US$4700 millones. “No es plata nueva, es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, que para hacerlo tuvimos que pedirle plata a la CAF, el vencimiento de enero y el que va a venir en abril. Esos tres vencimientos suman aproximadamente ese monto”, explicó el ministro de Economía.

Santiago Bausilli y Luis Caputo. REUTERS/Matias Baglietto
Santiago Bausilli y Luis Caputo. REUTERS/Matias BagliettoPor: REUTERS

Para alcanzar el entendimiento, el Gobierno se comprometió llegar este año a un superávit primario del 2% del PBI, que se alcanzaría “mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos”. “Se espera que los ingresos se vean respaldados temporalmente por mayores impuestos relacionados con el comercio, así como por ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola”, expresó el FMI.

“Mientras tanto, la racionalización del gasto se sustentará en reducciones de los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales y gastos en infraestructura de menor prioridad”, detalló el ente multilateral de crédito. También se describió que la meta de acumulación de reservas estipula que se sumen US$10.000 millones para todo este año.

“El plan se centra en el establecimiento de un ancla fiscal fuerte y creíble, junto con acciones para reconstruir las reservas, corregir desajustes de precios relativos, fortalecer el balance del banco central y crear una economía más simple, basada en reglas y orientada al mercado”, sostuvo el FMI.

En ese sentido, Caputo cristalizó la gran dependencia que tiene el plan económico de la Ley Ómnibus y presionó al Congreso. “Si la Ley no pasa, sería una muy mala noticia. Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit 0.9 que tenía la administración anterior. Las medidas van a ser más duras”, indicó.

El FMI anticipó que lograr la estabilidad macroeconómica requerirá de un período de crisis, que graficó de la siguiente manera: “El camino hacia la estabilidad será desafiante y las condiciones empeorarán antes de mejorar”. Y sumó: “En las etapas iniciales, la eliminación de los controles de precios heredados y la corrección del desajuste cambiario tendrán un impacto inflacionario y profundizarán la contracción de la actividad que ya está en marcha”.

De todos modos, el desembolso de los US$4700 millones de dólares no llegará en forma inmediata, ya que previamente deberá ser evaluado y aprobado por el directorio del Fondo, que aún no tiene prevista fecha de reunión y que Caputo calculó se dará para fines de enero.

Hay una urgencia por parte del Gobierno, ya que a fin de este mes deberá afrontar compromisos por U$S1950 millones y en febrero deberá pagar otros U$S850 millones.

El desembolso propuesto tiene como objetivo apoyar los fuertes esfuerzos políticos de las nuevas autoridades para restaurar la estabilidad macroeconómica y ayudar a Argentina a satisfacer sus necesidades de balanza de pagos”, cerró el organismo.