Los municipios y las provincias no podrán cobrar tasas en el precio de los servicios públicos, como la luz y el gas.

El Gobierno nacional anunció que las provincias y municipios ya no podrán incluir tasas ni recargos en las facturas de servicios públicos esenciales, como luz y gas. La medida, que será oficializada este miércoles mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, busca eliminar cargos adicionales en los recibos de estos servicios, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo. Esta decisión se da en el marco de una disputa creciente por los aumentos de tasas municipales que afecta a distintos sectores.

La Secretaría de Comercio dispuso que las facturas de los servicios públicos deberán reflejar únicamente el precio del servicio contratado, sin cargos adicionales ajenos a su naturaleza. Caputo expresó que esta acción responde a “denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales”, lo que el Ejecutivo considera un obstáculo para su política económica destinada a reducir la inflación.

El conflicto por el aumento de tasas municipales no es nuevo, y sectores como supermercadistas, bancos y hoteles expresaron su malestar por los incrementos en los últimos años. La situación se agravó recientemente cuando el intendente de Lanús, Julián Álvarez, aumentó la Tasa de Seguridad e Higiene para grandes cadenas de supermercados, lo que provocó una respuesta crítica del Gobierno Nacional.

Según Caputo, estos incrementos no solo buscan recaudar más, sino que tienen un trasfondo político que obstaculiza el programa económico del Gobierno. “Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas, y lo peor es que esconden estos aumentos en facturas de otros servicios”, afirmó el ministro, destacando que esta práctica afecta directamente a los consumidores.

El Ministerio de Economía está estudiando más acciones legales para frenar este tipo de aumentos, argumentando que las tasas deben estar directamente vinculadas a un servicio prestado y deben ser proporcionales al costo de dicho servicio. La prohibición busca proteger a los consumidores y avanzar en el control de la inflación.