miércoles, noviembre 6

El Gobierno publicará la reglamentación de la primera parte de la Ley Bases

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La medida que será anunciada este lunes incluirá la delegación de facultades, privatizaciones y cambios en el empleo público.

El Gobierno de Javier Milei anunció que este lunes se publicará en el Boletín Oficial la reglamentación de varios artículos de la Ley Bases, aprobada por el Congreso. La normativa incluirá medidas relacionadas con la delegación de facultades, cambios en los procesos administrativos, privatizaciones y empleo público, marcando un avance significativo en las reformas planeadas por la administración.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que ya se aprobó un decreto y que la implementación del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) también se activará esta semana. Este régimen es fundamental para atraer grandes inversiones y es una pieza clave en el plan económico del Gobierno. Francos subrayó que la publicación en el Boletín Oficial es solo el primer paso de varios que se irán dando sucesivamente.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete

La publicación de estos artículos es un movimiento estratégico para poner en marcha la ley más importante aprobada durante la gestión de Milei. La Ley Bases y el paquete fiscal, sancionados después de intensas negociaciones políticas, buscan desburocratizar el Estado y activar reformas en varias áreas.

El decreto reglamentario abarcará la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, permitiendo al Poder Ejecutivo implementar cambios significativos en la administración pública. También se incluyen reformas en los procedimientos administrativos, autorizaciones para privatizaciones de empresas públicas y la flexibilización del empleo público, delineando un plan de reorganización administrativa que afectará a varios organismos estatales.

La reglamentación establecerá la normativa para la privatización de entidades como Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, y más. Asimismo, se detallarán las condiciones para el empleo público, incluyendo desvinculaciones y reubicaciones, con un régimen de disponibilidad de hasta 12 meses para los trabajadores afectados.