La medida del Presidente afectará a aproximadamente 7 mil empleados públicos que comenzaron a cumplir funciones a partir del 1 de enero de 2023.

Como parte de la estrategia de ajuste del Estado, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ordenó no renovar los contratos de aproximadamente 7 mil empleados públicos que ingresaron a partir de enero de 2023. La medida se publicó este martes y excluye a quienes cumplen funciones en empresas o sociedades estatales.

También se revisará la situación de trabajadores contratados antes de esa fecha. Se estima que la decisión afectará a empleados de diversos sectores del Gobierno, como ANSeS, PAMI y AFIP, entre otros.

El DNU establece que las contrataciones realizadas desde el 1 de enero de 2023 no serán renovadas, abarcando empleados transitorios y de otras modalidades cuyos contratos concluyan el 31 de diciembre de 2023. Se excluyen los trabajadores de planta permanente y aquellos cuyos contratos estén regulados por ley u otras protecciones especiales. La renovación será posible solo para casos indispensables, con una duración máxima de 90 días, debidamente fundamentada.

Las autoridades competentes de cada área deberán realizar un “relevamiento exhaustivo” de los empleados contratados antes de enero de 2023 para evaluar su continuidad. Si se opta por renovar el contrato, la decisión deberá fundamentarse demostrando la necesidad de mantener al trabajador. Todas las áreas del Gobierno deberán informar el cumplimiento del DNU al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien podrá dictar normas complementarias y aclaratorias.

Esta medida se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, que modificó la ley de Ministerios para racionalizar recursos, lo que implica revisar todas las contrataciones efectuadas. Además de esta disposición, se espera que el Congreso trate un paquete de proyectos que incluye la revisión de las escalas del impuesto a las Ganancias y la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria. También se busca congelar los sueldos de empleados públicos y, posiblemente, reducir el salario de algunos de alta jerarquía.