sábado, septiembre 28

El Gobierno recibió ofertas para la venta de al menos cinco empresas públicas estratégicas

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En paralelo a las negociaciones por la privatización de varias de ellas en el Congreso, desde el Ejecutivo nombraron varias compañías que tuvieron sondeos y ofertas concretas desde el exterior y de parte de grupos locales.

Los negociadores del Gobierno recibieron un golpe final en su intención de incluir a las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA en el dictamen final de la Ley Bases que se tratará en sesión el próximo jueves. Esto se produjo por la posición que sentaron los jefes de bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal (HCF) en Diputados, quienes insistieron en ese apartado de seis empresas que se aprobó en el Senado, distinto a las nueve que se movilizaron en Diputados.

Esto se funda en que, durante la sesión en la Cámara alta, las tres empresas fueron quitadas del listado privatizador antes de la votación en general. Este argumento jurídico fue convalidado por el oficialismo, que lo aceptó a sabiendas de que, si ambos bloques opositores no los apoyaban, ese articulado en particular corría un riesgo severo de caerse.

Los diputados oficialistas festejaron ayer la firma de los dictámenes para la Ley Bases y el paquete fiscal

La lista final de privatizaciones está compuesta por las mismas compañías que se convalidaron en el Senado: Enarsa, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales. De esta manera, el oficialismo debería esperar para lograr poner a la venta a las otras tres empresas que sí habían sido movilizadas en Diputados dos meses atrás.

Aunque se trata de un traspié para las aspiraciones del gobierno nacional, desde la Casa Rosada afirmaron ante este medio que esta imposibilidad de aprobar este punto es menos grave que si Ganancias o Bienes Personales no logran apoyo de la oposición.

«Tenemos la posibilidad de mandar las privatizaciones que queremos más adelante. Era ideal hacerlo ahora, pero no nos apuramos», indicó un alfil de La Libertad Avanza que participa en las negociaciones. Así, apuntan a que cuando se apruebe la Ley Bases y se realice se reglamentación, se pueda avanzar con el envío de un nuevo proyecto que permita la puesta en venta de otro paquete de empresas públicas.

Las cinco compañías que fueron sondeadas para su privatización

En paralelo a este proceso legislativo, El Cronista tuvo acceso a altas fuentes de la Presidencia que reconocieron que hubo ofertas por varias empresas del Estado. En algunos casos se trataron de sondeos y en otras de proposiciones formales por si estas compañías lograban pasar el proceso de privatización por el Congreso.

«Tuvimos varios contactos por compañías en particular», dijo uno de estos funcionarios calificados. Entre los confirmados estuvieron empresas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Intercargo, Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Tandanor. El Cronista contactó a las cinco compañías y todas optaron por no emitir comentarios. «Son asuntos que compete al Gobierno y no a las direcciones», indicaron desde una de ellas.

El Correo Argentino fue una de las compañías contactadas.

Cuatro de las cinco mencionadas están en el listado privatizador que fue movilizado en la media sanción de Diputados, y solamente dos integran el texto aprobado en el Senado. Tandanor solo integró ese apartado cuando fracaso la sesión de la Ley Bases durante el mes de febrero.

Entre las personas consultadas, un colaborador del Presidente demostró estupor al respecto de que SOFSE tuviera interesados. «Tiene un déficit de varios millones por día», señalaba. La compañía es la mayor empleadora del rubro, con una dotación que supera las 23.000 personas; y es la responsable de controlar las líneas ferroviarias urbanas, regionales y larga distancia. Los interesados, comentan, provienen de empresas del exterior.

El Correo Argentino también tuvo oferentes y transita por una situación en particular: en el Gobierno todavía no se deciden si debe quedar bajo la órbita del súper Ministerio de Economía o si en la Jefatura de Gabinete, que ahora ostenta las funciones de Interior, cartera a la que generalmente le correspondió la coordinación de las elecciones nacionales.

Aerolíneas e Intercargo también aparecen en las menciones de diferentes funcionarios. La gesta privatizadora del oficialismo incluye a ambas, aunque solo la última formará parte del dictamen que se llevará al recinto.

Intercargo es una de las principales oferentes de servicio de rampa en aeropuertos de todo el país.

Intercargo es responsable del servicio de rampa de todos los aeropuertos del país, el cual implica la limpieza de los aviones, el traslado de los equipajes y otras tareas clave que las aerolíneas no se ocupan. Se trata de una compañía que deja ganancias, aunque esta depende de un tipo de cambio alto, dado que los servicios que ofrecen para vuelos internacionales se cobran en dólares. Hay pocas empresas que pueden sustentarse su propio equipo de rampa: entre estas están American Airlines, Flybondi y la misma Aerolíneas Argentinas.

La privatización de Tandanor se está evaluando nuevamente. Se trata de la principal compañía constructora naval y metalmecánica del Estado. Esta tiene un paquete accionario del cual un 90% pertenece al Ministerio de Defensa y el 10% restante a los trabajadores de la compañía. Según pudo saber El Cronista, hubo sondeos de empresas del sector naval que buscan hacerse con la compañía.

El interventor de los Medios Públicos, Diego Chaher, será quien asuma la semana que viene como titular de la Unidad Ejecutora de Empresas. Esta área reemplazará a la Secretaría de Empresas Públicas y Sociedades del Estado que actualmente está en la órbita de Jefatura de Gabinete y pasará a formar parte de la estructura del Ministerio de Economía.

El principal objetivo que tiene es la de regularizar el status jurídico de cada una de las compañías estatales para facilitar su posterior puesta en venta o privatización. El primer paso se dio con la publicación del artículo 48 del DNU 70/2023, que brega por la reorganización de las empresas del Estado en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550.