Desde Unión por la Patria ratificaron su “total apoyo” a la medida de fuerza de la central sindical y sostienen que el oficialismo busca instalar un “peligroso aumento de mecanismos represivos y de criminalización de la protesta social”.

Luego de la confirmación por parte de la CGT del paro total previsto para el próximo 24 de enero, el kirchnerismo pronunció su “total apoyo” a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo en rechazo al mega DNU firmado por el presidente Javier Milei y a la Ley Ómnibus enviada por el Ejecutivo al Congreso.

Bajo el título “la Patria no se vende”, los principales refrentes del Gobierno saliente calificaron ambas iniciativas como parte de un “proyecto de devastación popular y aniquilación de nuestra soberanía” por parte del Ejecutivo nacional.

“Asistimos a un intento explícito de avanzar sobre nuestro Pueblo y sus derechos, en claro beneficio de grandes grupos económicos, especuladores financieros nacionales y trasnacionales y potencias extranjeras, que históricamente pretendieron apropiarse de nuestro suelo y nuestros recursos”, denunciaron desde UxP en un comunicado.

También expresaron su “rechazo de entregar el destino de la Patria y del Pueblo a manos de gestores y voceros de fondos trasnacionales que, de aprobarse el paquete legal propuesto por Milei, (Mauricio) Macri, (Patricia) Bullrich, (Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger, serán los nuevos dueños de la Argentina para siempre”.

Firmaron el comunicado el Partido Justicialista (PJ); el Frente Renovador (FR), de Sergio Massa; el Frente Patria Grande, de Juan Grabois; Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella; el Partido Solidario (PSOL), de Carlos Heller; la Kolina, de Alicia Kirchner; Compromiso Federal, de Alberto Rodríguez Saá; el Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE), de Alberto Fernández; el Partido Comunista (PC), y el Partido Intransigente (PI), entre otras agrupaciones.

Entre los argumentos por los que rechaza ambas iniciativas y se suma al paro de la CGT, UxP denunció que el Gobierno de Milei busca “arrogarse facultades legislativas extraordinarias”, que implican “la suma del poder público” a lo largo de su mandato, y consideró que “tanto el DNU y la Ley Ómnibus que hoy se debaten en la Argentina, suponen la instauración de un régimen político sin funcionamiento del Congreso de la Nación, sin pluralidad democrática y con un creciente y peligroso aumento de mecanismos represivos y de criminalización de la protesta social”.

También advirtió que busca “la destrucción absoluta del sistema de protección social y jurídico de trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos empresarios, productores, profesionales, científicos y estudiantes de la Argentina”, y “la afectación de las conquistas sociales conseguidas por el conjunto del pueblo argentino y, en particular, por los sectores más postergados (entre otros, el movimiento feminista), cuyas luchas han dado como resultado avances históricos en la consagración de derechos humanos que hoy se encuentran en riesgo”.

“Junto a los trabajadores y trabajadoras argentinas, acompañando a todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos que viene sosteniendo el Pueblo argentino a lo largo y ancho de nuestra Patria, reafirmamos que la patria no se vende y exigimos al Congreso el rechazo de estas iniciativas, tal como promueven nuestros representantes en ambas cámaras”, reclamó la fuerza opositora.