Un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso analizó los aportes recibidos por las 41 firmas incluidas en la Ley Ómnibus. Esas compañías emplean a unas 134.000 personas.

En medio del plan de privatización que pretende efectivizar el gobierno de Javier Milei, este miércoles un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que “durante 2023 se ejecutaron transferencias y aportes a las empresas públicas listadas en el proyecto por un total de $2.301.385 millonesequivalente a 1,22% del Producto Bruto Interno (PBI)”.

“El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -conocido como Ley Ómnibus-, declara sujetas a privatización a 41 empresas públicas y faculta al Poder Ejecutivo a proceder a la enajenación de participaciones accionarias o de capital en empresas privadas que no disponen de la mayoría de capital social necesario para ejercer su control”, destacó el documento.

En rigor, el universo de las empresas propuestas a ser sujetas a privatización es heterogéneo y de tamaño dispar. Entre las principales compañías figuran Operadora Ferroviaria S.E, YPF S.A., Banco de la Nación Argentina, Correo Oficial de la República Argentina S.A, Aerolíneas Argentinas S.A. y AySA, que a octubre de 2023 daban empleo a 134.000 personas.

Con miles de personas que podrían verse afectadas por la privatización y el consiguiente -o no- desempleo, es preciso entender los mecanismos por los cuales el Estado realizó transferencias de dinero a estas empresas públicas.

Una por una, las empresas públicas que recibieron transferencias del Estado

El sector energético recibió $1.184.458 (un 0,63% del PBI), el sector de transporte obtuvo $620.429 (un 0,33%). Por su parte, el rubro de agua potable y alcantarillado consiguió 285.016 (0,15%) y el área de comunicaciones recibió transferencias por 165.587 (0,9%), entre los principales segmentos de la actividad económica.

En 2023, según el informe de la Oficina de Presupuesto, sobresalen las transferencias corrientes a las siguientes compañías:

• ENARSA: $700.000 millones para la compra de gas en el marco de la política de subsidios energéticos,
• Operadora Ferroviaria: $335.145 millones,
• AYSA: $86.959 millones,
• Correo Argentino: $83.806 millones; en los tres últimos casos para el pago de remuneraciones y gastos de funcionamiento.

“El análisis de los subsidios energéticos es un buen ejemplo para entender lo que se plantea, como así también el transporte ferroviario y la provisión de agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Que los subsidios a la demanda de gas se canalicen mayormente a través de una determinada organización estatal (ENARSA) no significa que se esté subsidiando a la actividad de esas empresas”, enfatizó el texto de la OPC.

“Es el Estado quien decide subsidiar el consumo energético y lo hace imponiendo en las empresas estatales precios por debajo de los que surgirían de una decisión empresarial autónoma. A modo de ejemplo, si ENARSA importa gas natural licuado a un precio mayor al que lo revende en el mercado interno, esto no la hace necesariamente ineficiente a la empresa en sí, sino que es el Gobierno quien le impone esa pérdida económica para abaratar el precio del gas en los hogares”, explicaron desde OPC.

Las empresas públicas que concentran la mayor cantidad de empleados

Tal como detalló el informe, la prestadora del servicio de trenes ocupaba a 23.880 empleados en octubre del 2023. Le siguió YPF, con 23.471, y el Banco Nación con $17.820.