Escándalo en Taco Pozo, Chaco: Falsificación Masiva de Certificados para Cobrar Pensiones por Invalidez
Imputaciones y Descubrimiento
La justicia investiga un caso de corrupción en Taco Pozo, Chaco, donde aproximadamente el 10% de la población ha estado cobrando pensiones por invalidez mediante certificados falsos. Entre los imputados se encuentran el intendente Carlos Ibañez y su hija Gabriela, junto a otras 11 personas. La investigación comenzó en febrero de 2023 cuando Ana María Canata denunció la existencia de al menos 800 pensiones fraudulentas.
Investigación y Hallazgos
El fiscal federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Carlos Amad, lidera la investigación que reveló la falsificación de documentos y certificados médicos para obtener pensiones por invalidez. Durante los allanamientos, se encontraron cuadernos con detalles de las maniobras y documentos que relacionan a los imputados con la concesión irregular de pensiones.
Imputaciones y Delitos
Las 13 personas imputadas enfrentan cargos por falsedad ideológica, fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita. No se solicitó la detención de los imputados debido a que no representan un riesgo de fuga. Además del intendente y su hija, se encuentran imputados varios directores y exdirectores del hospital Rural Santa Rosa de Lima.
Segunda Investigación
La investigación se ha extendido a otras localidades de Chaco, descubriendo 23,206 pensiones otorgadas de manera fraudulenta en la provincia.
Modus Operandi
El fiscal Amad explicó que los responsables de la maniobra cobraban un porcentaje elevado de las pensiones a los beneficiarios. Los montos anotados en los cuadernos varían entre $6000 y $20,000, detallados con nombre y apellido. Se utilizaban enfermedades como Chagas, diabetes, y torceduras, entre otras, en los certificados falsos.
Impacto y Repercusiones
La investigación ha puesto al descubierto una red de corrupción que afecta significativamente a la comunidad de Taco Pozo y ha iniciado una revisión exhaustiva de las pensiones otorgadas en toda la provincia. Las acciones judiciales continúan para desmantelar la asociación ilícita y asegurar la justicia para los afectados.
