La Provincia trabaja en herramientas legales para ejecutar el cobro ante la eliminación de la Superintendencia de Salud por el Gobierno libertario.

La Cámara de Diputados de Salta discute un proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo provincial, que le permita al Ministerio de Salud hacer más eficiente y ágil el cobro de las prestaciones a las obras sociales. En este momento la deuda con los hospitales asciende a los $3.000 millones.

En diálogo con Aries, el diputado provincial y exministro de Salud, Dr. Juan José Esteban, resaltó la importancia del proyecto de ley que envió el Gobierno provincial, subrayando que se busca “la ejecución del pago a las obras sociales, prepagas y otros terceros pagadores de forma inmediata”.

En la provincia rige la Ley 6662, vigente desde 1995, que regula el régimen de recuperación de costos sanitarios. Esteban detalló que dicha ley,  junto a sus decretos reglamentarios, ya establece un marco para el cobro de servicios de servicios a particulares con capacidad de pago, incluyendo beneficiarios de obras sociales y prepagas. Sin embargo, el exministro destacó que el nuevo proyecto impulsado por el Ejecutivo tiene como objetivo principal «la ejecución del pago en forma inmediata», una acción que, según él, no se venía cumpliendo adecuadamente en los hospitales.

El diputado subrayó que la falta de una ejecución eficiente en el cobro a obras sociales ha generado un impacto significativo en las finanzas de los hospitales públicos. «Hoy tenemos un 45% más de atención de pacientes que tienen alguna cobertura social y que son atendidos en el hospital público», indicó Esteban, quien señaló que esta situación contribuye al deterioro financiero de los establecimientos de salud, sobre todo en el contexto de desregulación del Estado nacional.

Esteban recordó su experiencia desde 1995, cuando comenzó a implementar el sistema de arancelamiento hospitalario en el Hospital San Bernardo. «Siempre hubo pacientes de obras sociales o de prepagas, pero no tanto como ahora», admitió, subrayando la urgencia de resolver este problema para evitar que “la salud pública siga financiando a las obras sociales” sin una contraprestación adecuada.