Nota extraída de Clarín por Eduardo van der Kooy

Las internas recrudecen en el Gobierno. Se fue Gómez Alcorta. Moroni, Aníbal y Massa están señalados. La Cámpora encabeza la ofensiva. Cristina presiona a la Corte por la investigación sobre el atentado del que fue víctima. No le conforma lo conocido hasta ahora.

Cristina Fernández ha solicitado a los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal que formulen un reclamo ante la Corte Suprema. Pretende que el Tribunal disponga mayor cantidad de fondos y logística para la jueza María Eugenia Capuchetti. Es la que investiga el fallido atentado contra la vicepresidenta en la puerta de su domicilio el primer día de septiembre.

Cristina y el kirchnerismo se exasperan porque las novedades en relación a aquel gravísimo episodio no logran sobrepasar a un grupo de individuos que, si bien tuvieron planificación sobre el ataque, no conduce todavía a ninguna terminal política o económica que permita al oficialismo una capitalización del suceso. La expectativa que resta es el desbloqueo concluido del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló en falso.

Horacio Rosatti, el titular de la Corte, autorizó a Capuchetti el nombramiento de nuevos colaboradores que la asistan en la investigación. Cristina considera lenta su marcha. En cambio, no hubo resolución sobre otro pedido: que se exima a la jueza de las demás causas que tiene en su despacho. Desea dedicación exclusiva para dilucidar los enigmas de la que se llama “banda de los copitos”.

El rompecabezas permite suponer que aquel grupo hizo una programación del atentado. Permanecen demasiadas piezas sueltas, sin embargo, para concederle una pertenencia política o el beneficio de favores económicos. Es, precisamente, lo que Máximo Kirchner reclamó la semana pasada en su mensaje en Morón: “Queremos saber cuáles son los intereses que están detrás del atentado», dijo.

En este punto comienzan las dificultades para Capuchetti. Ubeira y Aldazábal plantearon la hipótesis de algún importante financiamiento a partir de ciertas pistas. Un texto telefónico de Sabag Montiel en el cual confiesa días antes del atentado que lo “único que me importa es la plata” y tratar de “salvarme”. Además, presuntas gestiones de la misma banda para alquilar un departamento. No está claro si en la cuadra de Cristina o en la avenida Callao. Además de un movimiento de fondos en negro conocido por $ 1.700.000 se habría corroborado en los últimos días la adquisición de otra arma –se ignora con qué fines—por la que se habrían abonado $ 150.000. Ninguna de las sumas denota la posibilidad de una usina de financiamiento de gran envergadura.

La huella respecto del apuntalamiento político también resulta borrosa. Los abogados de la vicepresidenta enfocan sobre Brenda Uliarte, compañera de Sabag Montiel, por un mensaje que intercambió con alguien, identificado como David, que le revelaría algo “ultra secreto”: “Hago espionaje y se los paso a la embajada de Estados Unidos”, dice. ¿Washington detrás del atentado? ¿Con la “banda de los copitos” de instrumento? Rarísimo. Otro trazo liga a Uliarte con un “influencer” llamado “El Presto”, que una vez increpó a la vicepresidenta por las redes.

Los senderos de los abogados de Cristina se bifurcan también hacia la Policía de la Ciudad. La jueza Capuchetti indaga, aún sin resultados, sobre los movimientos de esos agentes el día en que fueron colocadas las vallas que la vice consideró “un sitio” a su domicilio. Hay otras verificaciones menos cómodas para el kirchnerismo y el Gobierno. Una atañe al pésimo comportamiento de la Policía Federal. Otra, a la inexplicable actitud de la numerosa custodia personal que dispone Cristina.

Capuchetti, amén de Sabag Montiel y Uliarte, presta atención a otro par de personajes. Agustina Díaz, compinche de Uliarte, y Nicolás Carrizo, el jefe de los vendedores de copitos de azúcar. ¿Podrían ser los nexos con algún sótano de la inteligencia imposible aún de ser localizado? Alli muchas veces abrevan también abogados que buscan dinero y notoriedad. ¿O representarían, sencillamente, expresiones marginales y radicalizadas producto de una sociedad que hace décadas se viene degradando?

Este constituye, probablemente, el punto que más le cuesta comprender al kirchnerismo. No parece consciente, en uno de los aspectos, de su propia obra. Se enorgullece, por ejemplo, cuando jóvenes adolescentes ocupan colegios,–que Máximo K reivindica–, y ridiculizan la autoridad con demandas llamativas y declaraciones K de incondicionalidad. No advierte que en otro extremo del espectro social es capaz de incubar con sus prédicas públicas reacciones delirantes, temerarias, que pueden desembocar en situaciones como la del atentado fallido. Son en todos los casos señales de desquicio colectivo.

¿No representan algo similar los incidentes en la Patagonia con los grupos autollamados mapuches?: ¿Cómo se explica la lentitud del Gobierno para actuar?. Quizá sólo haya que mirar para entenderlo las posturas contrapuestas en la coalición oficial. ¿No es otro síntoma de lo mismo, salvando las distancias, que la coalición opositora que se prepara para gobernar supuestamente en 2023 se asome al riesgo de ruptura frente a cualquier debate? ¿No lo es también que el oficialismo reponga disputas internas en la equívoca creencia que con el virtual reemplazo de Alberto Fernández por Sergio Massa la chance de una hecatombe desapareció?

Aquellas evidencias en el poder resultan múltiples. La diáspora que habrá para las celebraciones del 17 de octubre obedece al nuevo congelamiento entre el Presidente y la vice. Alberto mandó hacer consultas al Instituto Patria para una celebración conjunta. Cristina nunca respondió. No desea aparecer junto al mandatario. Ante tantos cabildeos la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió hacer un módico rancho aparte. El kirchnerismo, la CTA, Pablo Moyano (uno de los tres secretarios de la CGT) y La Cámpora convergerán en la Plaza de Mayo.

La desunión por el 17 de octubre desnuda un problema de fondo que vuelve a aflorar. Son disputas de poder donde se observan, al menos, tres protagonistas centrales. En el primer lugar está Sergio Massa. Inquieto con las advertencias que nacen del kirchnerismo. Las primeras fueron de Cristina y Máximo. Medidas, por ahora. Pablo Moyano, en medio de la disputa paritaria de los camioneros, estalló con una frase: “Que el ministro haga algo. Con esta inflación es imposible”, expresó. Massa sabe que, en principio, ni septiembre ni octubre serán meses buenos para la baja de los precios.

El ministro de Economía percibe esa presión. Pretende desactivarla desde la política. Repite que su misión es lograr que el Gobierno haga un aterrizaje de la economía sin grandes turbulencias en el año electoral. No tiene pensado ser candidato. Si la maniobra saliera bien, meditaría su propia remodelación política para un nuevo intento en 2027. Habrá que ver.

Alberto no asoma demasiado preocupado por el futuro de Massa. Le inquietan en lo inmediato otro par de cosas. La reanudación de hostilidades de parte de La Cámpora. Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de Axel Kicillof, portavoz siempre de ofensivas que se vienen, pidió la cabeza de Claudio Moroni, el ministro de Trabajo. Lo responsabiliza por el prolongado conflicto, saldado después de cinco meses, en el gremio de los neumáticos (SUTNA). También, por atender únicamente las demandas de la CGT.

Otro ministro jaqueado por fuego amigo es Aníbal Fernández. El titular de Seguridad, acechado por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras y, en general, por mandatarios patagónicos, dispuso un operativo en Villa Mascardi para desalojar ocupantes de los grupos que se dicen mapuches. Resultó tan anunciado que el grueso de ellos tuvo tiempo de refugiarse en la montaña. Donde nadie los busca. Curioso. Dejaron para que fueran detenidas mujeres con niños. Por orden de la jueza subrogante Silvina Domínguez resultaron trasladadas a la cárcel de Ezeiza.

Elizabeth Gómez Alcorta fue abogada de la piquetera condenada Milagro Sala. Emblema, asegura, de la “injusticia patriarcal”. También de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), prófugo de la Justicia de Chile que libró una orden de captura internacional. La mujer renunció al ministerio de la Mujer, Género y Diversidad inmediatamente después del operativo en el Sur. Impulsó acciones judiciales en favor de las detenidas. Las considera “presas políticas”. Del Gobierno que integró hasta hace horas. Escandaloso.

El Presidente resiste otra ofensiva desde trincheras vulnerables. Parece empeñado en mantener las PASO para el año que viene. Enfrenta a Cristina, La Cámpora y la mayoría de los gobernadores del PJ. De nuevo la interpretación de Larroque: “Hay un debate filosófico respecto de las PASO. Creo que había un espíritu original que quizás no resultó como se había previsto”, explicó.

No habría, en realidad, ningún trasfondo filosófico. El argumento sería más banal. Como no tiene hoy perspectiva de ser competitivo en 2023, el kirchnerismo apunta a complicarle la vida a Juntos por el Cambio. Sin las internas, el racimo de aspirantes de la oposición podría ingresar en una crisis. O estar obligado a inventar una primaria propia, con los riesgos que encerraría.

El kirchnerismo se circunscribe por ahora a un objetivo. Refugiarse en Buenos Aires de la mano de Kicillof. El gobernador que nunca imaginó que un partido de fútbol desnudaría toda la ruindad de ese territorio. La Provincia se gana con mayoría simple. ¿Cómo haría JxC para alinearse detrás de un solo candidato? Allí radica el ardid. El problema a sortear estaría en los números que el oficialismo no dispone en Diputados para aprobar la derogación. Los tres legisladores del libertario Javier Milei serían una presa codiciada.

El oficialismo es lo que se ve. Combinación de incompetencias, peleas y contradicciones. La oposición ayuda poco a imaginar un horizonte diferente. Difícil ahora algún consuelo.