Una trabajadora denunció violencia y se dio por despedida. La Justicia le dio la razón.

Intervino la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

Después de 30 años de trabajo, una empleada de una obra social se consideró autodespedida y la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo hizo lugar parcialmente a la apelación presentada por la mujer, condenando a la empresa empleadora a pagarle $ 2.713.118,68.

Los jueces Sergio Osvaldo Petersen y Ricardo Pedro Lucatti revocaron la sentencia de primera instancia parcialmente y ordenaron el pago por los rubros indemnización por antigedad; indemnización sustitutiva de preaviso y SAC correspondiente; integración mes de despido y SAC correspondiente e indemnización por daño moral.

La Justicia consideró que la obra social no tomó medidas efectivas para evitar abusos en el lugar de trabajo, tras un hecho de violencia laboral por el que la mujer había denunciado a un delegado laboral en 2013.

Los jueces dijeron que «el autodespido efectuado estuvo debidamente justificado atento a la conducta negligente por parte de la empleadora de aplicar en tiempo y forma las medidas de seguridad para su protección, tanto física como psíquica. Conducta que se mantuvo en forma continuada en el tiempo». En primera instancia la demanda había sido rechazada en su totalidad.

A criterio de los jueces, la empleradora actuó «con una evidente falta de consideración de los reclamos que le hiciera la actora y que involucraban cuestiones tan serias y delicadas como lo son el hecho violento denunciado, la amenaza de ser golpeada, amenaza de muerte, violencia verbal y psicológica, que provenían de parte de un dependiente de la primera.»